Chetumal.– La XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo aprobó reformas a la Constitución local y a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado, para garantizar que el presupuesto que se autorice a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción en la entidad no sea menor al presupuesto autorizado en el año inmediato anterior, tal y como sucede con los poderes del Estado y los órganos públicos constitucionales autónomos.
En la sesión ordinaria número 10, las diputadas y diputados del Congreso del Estado aprobaron el dictamen con minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 161 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de presupuesto de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción; y con minuta de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo.
De acuerdo con el dictamen, elaborado por las comisiones de Puntos Constitucionales y de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, con la reforma se fortalecerá la capacidad en el combate a la corrupción del Sistema Estatal Anticorrupción, evitando que los recursos asignados a este organismo se reduzcan.
Además, se incluyó el requisito previsto en la Constitución respecto a la obligación de contar con los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos y las personas que integran el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
También se estableció la obligación de la persona titular de la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, de rendir un informe anual de labores y resultados, ante el pleno de la Legislatura.
La minuta constitucional fue turnada a los ayuntamientos de la entidad, para continuar con el proceso legislativo correspondiente.
En la misma sesión, el Congreso del Estado emitió un punto de acuerdo mediante el cual solicita al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) que, en el ámbito de su competencia, realice una investigación pormenorizada y en su caso, aplique las medidas correspondientes, ante los probables actos de discriminación llevados a cabo en contra de trabajadoras y trabajadores maya hablantes en el Municipio Tulum, Quintana Roo.
En dicho acuerdo, se solicita también a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y al Ayuntamiento del Municipio de Tulum que, en el ámbito de sus atribuciones y obligaciones, lleven a cabo las acciones y medidas que resulten necesarias para prevenir y erradicar prácticas discriminatorias en contra de nuestras y nuestros hermanos mayas, por razón de origen étnico o lengua indígena, y por cualquier otro motivo tanto en el sector público como en el privado.
Por otra parte, se dieron lectura a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se somete a consideración de la Legislatura, las ternas de profesionistas en derecho para ocupar el cargo de magistrado numerario y magistrado supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, presentadas por el titular del Poder Ejecutivo.
La terna para el cargo de magistrado numerario está conformada por: Ana Mercedes Castillo Carvajal, Lucely Selene Colonia Gómez y Claudia Concepción Angulo Rojas.
Mientras que la terna para el cargo de magistrado supernumerario está conformada por: Pedro Pablo Álvarez Vega, Fernando León Chávez y Daniel Esteban Farah Godoy.
Por último, se dio lectura a una iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Adopción, del Código Civil y del Código Penal, todas del Estado de Quintana Roo.
