Francisco J. Rosado May
Del el 6 al 18 de noviembre, la Conferencia de las Partes (COP) tiene su 27 reunión en Sharm El Sheikh, Egipto. Hay mucho en juego: enormes intereses económicos; altísima pérdida de biodiversidad, hambruna, migraciones; desastres naturales cada vez más severos (sequía, inundaciones, incendios); etc. Todo relacionado con el cambio climático, producido por actividades antropocéntricas insostenibles, incluyendo el uso y generación de energía, abuso y mal manejo del agua, producción de alimentos y otros bienes, mala calidad en la educación de todos los niveles, pérdida de valores, entre otros. Varios expertos indican que el planeta no aguanta más, que estamos en los albores de una última llamada para lograr las acciones preventivas y correctivas (volumen XX de BioScience, 2022). Es urgente diseñar nuevas políticas públicas acorde con el tamaño del reto.
Y no será fácil. Por un lado, la amenaza de recesión no se ha extinguido; el crecimiento económico es muy disparejo en el mundo, entre países y dentro de cada país; por otro lado, el incremento de costos de alimentos causado, solo en parte, por la guerra Rusia-Ucrania.
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México, de acuerdo con información publicada por varios medios al inicio de la COP 27, es uno de los países donde la temperatura promedio nacional aumenta más rápidamente en el planeta, con el consecuente impacto como sequías o incendios.
Son varias las áreas que necesitan atenderse para detener y reducir su impacto en el cambio climático. Una de ellas radica en el sistema alimentario. De acuerdo con información del Libro Blanco del Global Landscape Forum, la forma de producción de alimentos dominante, que usa agroquímicos, extensiva, conocida como convencional, explica alrededor del 30% de los gases que causan el efecto invernadero; se ha documentado una pérdida de 4.7 millones de hectáreas de vegetación natural por año, implicando hasta un millón de especies en peligro de extinción; adicionalmente, hay 821 millones de personas con hambre u obesidad peligrosa, la paradoja es que se ha documentado hasta 1 mil 300 millones de toneladas de alimento desperdiciado anualmente; los suelos degradados alcanzan la cifra del 34% del total que ha sido usado para producir alimentos. Por si fuese poco, se estima que hay 1 mil 200 millones de personas que viven en áreas donde ya no hay agua suficiente para consumo humano; y 800 millones de personas viven en lugares propensos a sequías, inundaciones, o climas extremos causados por cambio climático que van a emigrar a otros países.
Escenarios nada agradables. Urge cambiar el curso las tendencias actuales, diseñar políticas públicas innovadoras, incrementar el nivel de conciencia ciudadana con educación de calidad.
Hay alternativas viables, afortunadamente.
El sector primario en México está atravesando por un momento clave. Ya hay una regulación del glifosato, el Senado está discutiendo mayores restricciones al uso de pesticidas prohibidos en otros países, considerados dañinos al ambiente y a la salud humana y de ecosistemas. Los agricultores temen que éstas medidas afecte la producción de alimentos porque no se vislumbran alternativas que entiendan y atiendan sus necesidades.
El reto es enorme, no hay tiempo que perder. La mejor alternativa probada y aceptada en foros mundiales y la FAO, es la agroecología. Ya está en el escritorio de las dependencias del estado la propuesta de un programa estatal, interinstitucional, de agroecología. Ahí hay respuestas viables, fortalezas, ideas innovadoras. Falta la decisión de política pública.
Sí hay alternativa al cambio climático, pero necesitamos actuar ya.
Es cuanto.
