Por Leslie Gordillo/NOTICARIBE PENINSULAR
CANCÚN.- Rodrigo Alcázar, director del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), confirmó que para que Uber pueda operar de forma legal, el Congreso tiene que cambiar la ley en el sentido de lo aprobado en los juzgados federales y obtener los permisos correspondientes para que pueda operar.
En primer lugar, agregó, todavía no se notifica de forma oficial lo que se determinó por parte de los magistrados, quienes aprobaron el amparo mediante el cual Uber debe ser considerado como servicio privado y no público, por lo que ya no requeriría de ningún tipo de concesión.
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“En este momento prácticamente la plataforma sigue exactamente igual que como estaba, con su suspensión para que le aplique la ley actual y se le aplicará la ley anterior que no contaba con reglas de operación, por lo cual tampoco se le puede dar un marco normativo para operar. La idea es que se cree un marco normativo con las reglas claras como servicio privado y si cumple con ellas podrá operar”, declaró para un medio local.
Al tratarse de transporte, insistió, se deberá cumplir con varios puntos, cuidar por ejemplo el tema de oferta y demanda, sobre todo porque es un sistema masivo, pero son puntos que ya los legisladores tendrán que establecer en la reglamentación.
“Le quitaron una atribución al estado, yo no puedo juzgar al Poder Judicial, pero sí es importante entender que la regulación vendrá como privado, no es más fácil, ni más difícil un permiso que una concesión, porque de lo que dependerá es de la regulación”, puntualizó.
Respecto a los ataques de taxistas contra Uber, aclaró que ellos no son ley y que si bien pueden hacer el señalamiento correspondiente, no tienen facultades para hacer detenciones, ni persecuciones, por lo que cualquier incidente debe presentarse la denuncia correspondiente ante la Fiscalía.
Y sobre la Reforma de la Ley de Movilidad, comentó que ya están listas las modificaciones para ser completamente operativos, pero lo que se buscará es generar una nueva ley para incluir elementos de seguridad vial y toda la colaboración intermunicipal, estatal y federal.