Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- Con la intención de incorporar la extorsión (derecho de piso) al catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, los Diputados del Partido del Trabajo Alicia Tapia Montejo y Hugo Alday Nieto, presentaron un acuerdo para que la XVII Legislatura exhorte al Congreso de la Unión sobre la modificación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Nacional de Procedimientos Penales.
“El grupo legislativo del Partido del Trabajo, presentamos una solicitud para exhortar al Poder Legislativo Federal, a fin de que modifique el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución General de la República, así como adicione el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales con la finalidad de que el delito de extorsión se incorpore al catálogo de aquellos ilícitos que ameriten la prisión preventiva oficiosa” argumentó el presidente de la Comisión de Justicia, Hugo Alday.
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La solicitud realizada a la XVII Legislatura, radica en que es urgente la modificación a la Ley para evitar la proliferación de este delito que ha crecido exponencialmente en los últimos años sin distinguir clase social u ocupación, y que sea considerada como un delito multi ofensivo, ya que atenta contra la tranquilidad de quienes son víctimas ante las amenazas de vulnerar su integridad y la de su círculo cercano, lo que genera temor e impide -en muchas ocasiones- que el afectado denuncie.
En este sentido, el INEGI reveló que en 2021, los delitos menos denunciados fueron el secuestro, los actos de corrupción y la extorsión, entre las principales razones -en dos de cada tres casos- se atribuye la desconfianza hacia la autoridad por miedo a que extorsione a las empresas, o incluso que los agraviados enfrenten trámites largos y difíciles.
El Sistema Estatal de Denuncias Anónimas de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo reveló que el pago por protección, las amenazas de daño y secuestro fueron las modalidades de extorsión más denunciadas al 089 durante 2022. También se reveló que se han recibido 13,012 denuncias anónimas de 2019 hasta octubre de 2022.
La organización México Evalúa estima que este delito le cuesta a México 226 mil millones de pesos al año, el 1.25% del PIB nacional, mientras que en la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2022 se estimó que la extorsión fue el principal delito que enfrentaron los negocios en siete de cada diez entidades federativas del país durante 2021, lo que representó un aumento con respecto a la edición previa de 2019, cuando en cuatro de cada diez estados era la principal transgresión para las unidades económicas.
Los legisladores del PT aseguran que estas modificaciones permitirán preservar el Estado de Derecho, al dotar de herramientas jurídicas idóneas a las autoridades encargadas de la procuración de justicia, además de proteger a las víctimas.
