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PESE A CONFINAMIENTO: En Chihuahua, más muertes por violencia que por COVID-19

Activistas advirtieron que los derechos humanos están invisibles en la discusión pública, acaparada por el coronavirus, e incluso el decreto presidencial respecto de las fuerzas armadas pasó desapercibido frente a esa situación. (Foto: Proceso)

Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR

CHIUUAHUA.- En la región serrana de Chihuahua, en los últimos días se han registrado más muertes por violencia que por la pandemia de covid-19; en el confinamiento también ha aumentado la violencia familiar, y preocupa la forma en que se atiende.

Además, la explotación ilegal de recursos naturales continúa y no cesa el desplazamiento forzado ni las agresiones contra defensores de derechos humano, así lo señalaron defensores de derechos humanos que participaron en el ‘Foro digital de análisis y crisis sanitaria y económica covid-19’, organizado por el gobierno de Chihuahua, quienes compartieron el espacio con líderes empresariales, educativos y de salud.

En su oportunidad, el secretario general del Sindicato de Salud de la sección 42, Pablo Serna Molina, pidió al gobernador Javier Corral Jurado la aplicación de pruebas inmediatas al personal que presente síntomas de covid-19.

El sacerdote de la Diócesis Cuauhtémoc-Madera y líder social Camilo Daniel pidió la solidaridad como especie humana y con la especie humana, y advirtió que la pandemia es un fuerte llamado de atención para cuidar la ecología: “Necesitamos apostar por energías limpias y renovables”.

Las propuestas que hizo el clérigo en el foro para la post pandemia van desde regresar al trueque en regiones como la Sierra Tarahumara y generar empresas con sentido social, como las cooperativas, hasta utilizar una moneda alternativa regional, así como la capacitación para autoempleo y el fomento de huertos de traspatio y azotea.

Sobre la salud, dijo que debe lucharse para que los sistemas sean públicos, universales y gratuitos, comenzando por la vacuna contra el covid-19, para que sea un bien público mundial, gratuito y accesible para todos.

“Se debe atender la bajísima infraestructura hospitalaria en Madera, Temósachi, Matachí (son sólo algunos municipios de la Tarahumara)”, dijo, y alertó que las cifras de muertes por covid-19 no son tan altas hasta ahora en la región, como sí lo son por violencia.

De acuerdo con el sacerdote, es importante el apoyo psicosocial de la pandemia, sobre todo por el aumento de la violencia intrafamiliar, en un 58% durante los meses de confinamiento. “Se debe atender la angustia, la impotencia, la frustración de la gente actualmente. Y la urgencia de hacer un nuevo pacto político, social y fiscal”.

Tras cuestionar la creciente militarización del país, Camilo Daniel dijo que hay indicios preocupantes con el último acuerdo emitido por el gobierno federal, porque los militares ahora van a estar funcionando al frente de la Guardia Nacional, aun cuando siempre se había solicitado que estuviera supeditada a un mando civil.

“No entiendo muy bien por qué los militares tendrían que estar haciendo algunas tareas que podrían ser de la sociedad civil, como la construcción del aeropuerto, como algunas otras obras que se les han dado a los militares, y no es porque no puedan estar preparados para hacer esas acciones, pero deberían estar supeditados a la Constitución, que fundamentalmente es para la soberanía nacional, en primer lugar, y en segundo, sobre situaciones de desastres, pero no en tareas que puede hacer la sociedad civil”.

Ruth Fierro Pineda, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), coincidió en que la pandemia ha agudizado las desigualdades.

La activista dijo que las organizaciones civiles se han enfocado en atender las afectaciones de las personas víctimas en esta crisis, porque hay quienes no tienen ahora incluso qué comer.

“Otro tema que nos preocupa desde las organizaciones civiles son las violaciones de derechos humanos que se mantienen: la violencia familiar aumenta, la explotación ilegal de recursos naturales continúa, también las agresiones de los defensores, el desplazamiento de las comunidades indígenas”, denunció.

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