Por Matilde Zamora/NOTICARIBE PENINSULAR
CANCÚN.- El gobierno de Mara Lezama no debe dar continuidad al titular de Seguridad Pública, Lucio Hernández Gutiérrez, y al Fiscal General del estado, Oscar Montes de Oca Rosales cuando Quintana Roo permanece entre las primeras 10 entidades con mayor violencia en México, consideró el diputado electo, Julián Ricalde Magaña.
El ex alcalde de Cancún rechazó la posibilidad de que el fiscal, y el secretario de Seguridad del Gobierno de Carlos Joaquín, continúen en el cargo durante el sexenio de Mara Lezama, como lo sugirió el Ciudadano del Consejo Nacional de Seguridad Pública, James Tobin, “simplemente porque hubo poca eficacia en su trabajo”.
En entrevista para Noticaribe Peninsular, el ex alcalde de Cancún reiteró que no se puede hablar de continuidad en materia de seguridad, pues más allá de la percepción ciudadana y el reclamo por los homicidios, “los números en la incidencia delictiva” no son resultados favorables para los quintanarroenses.
“Olvídate de la percepción, no sé de qué números puedan manejar de una sociedad reclama justicia por el asesinato de personas, ejecuciones, robos, desapariciones y extorsión. Es evidente que hay poca colaboración de autoridades, poca eficacia en su trabajo. No creo que esos dos funcionarios deban quedarse, ese es mi punto de vista, y también hablo por los ciudadanos, porque estoy seguro que lo comparten”, precisó.
El diputado electo cito como ejemplo de continuidad al Secretario de Seguridad Pública de Yucatán, Luis Felipe Saidén Ojeda quién ha posicionado a su estado como un referente en el país.
“Una continuidad si es buena, el modelo político de Yucatán, Felipe Saidén Ojeada Secretario de Seguridad Pública de Yucatán, tuvo resultados, y buenas estrategias, incluso se puede ver que dio un valor agregado, por el éxito inmobiliario que tiene Yucatán, pues es un referente en el país como un lugar seguro, que no es el caso en Quintana Roo”, acotó.
Sobre el incumplimiento de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) en la entrega de 20 millones de pesos en armamento pagado desde 2021, por el gobierno de Quintana Roo.
Ricalde Magaña, consideró que el tema tuvo “salió a relucir hasta que una autoridad intervino, de lo contrario hubiese pasado desapercibido, la entrega de armas es parte de la estrategia de seguridad, sin más que argumentos, lo que vemos son pretextos”.
“Lo que menos podemos hablar es de continuidad en la seguridad. A simple vista, lo que se ve no se juzga”, finalizó.
