Alejandro Peza/NOTICARIBE PENINSULAR
BACALAR.- El alcalde del municipio de Bacalar, José Alfredo Contreras Méndez mayoriteó en cabildo la aprobación de la cuenta pública 2021, a pesar de ciertas ilegalidades por cerca de 23 millones de pesos en el último año de su antecesor Alexander Zetina Aguiluz.
Guillermo Tun Ruiz, octavo regidor en Bacalar, explicó que el ayuntamiento tiene un adeudo por más de 19.5 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y otros 3.5 millones al Instituto mexicano del Seguro Social (IMSS) heredados por el gobierno de Alexander Zetina Aguiluz.
Pese a estas irregularidades los regidores afines a José Alfredo Contreras Méndez “mayoritearon” la cuenta pública 2021 de ese ayuntamiento.
El octavo regidor señaló que los montos derivan de la irregular omisión, desde 2016, respecto al pago al SAT del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a la nómina de los cerca de 500 trabajadores del ayuntamiento, aun cuando se han aplicado los descuentos a los trabajadores.
Así como la omisión de pago de las cuotas obrero-patronales al IMSS por los únicos 44 empleados que cuentan con cobertura de ese organismo, a los que también se les ha descontado puntualmente sus aportaciones.
Guillermo Tun Ruiz explicó que desde la creación del municipio se acordó con Othón P. Blanco mantener dentro del régimen del IMSS a los 44 trabajadores heredados desde la alcaldía que antes dependía de ese municipio, sin embargo, desde hace casi seis años no se ha cumplido con el pago y ahora se les ha requerido los 3.5 millones acumulados como adeudo a la comuna capitalina.
El regidor denunciante y dos de sus compañeros de la fracción del PT en el cabildo de Bacalar, desde inicios de esta administración solicitaron auditorías al gobierno de Alexander Zetina Aguiluz y José Alfredo Contreras, quien negó la existencia de irregularidades de su antecesor, las cuales ahora están saliendo al conocimiento público.
Los regidores petistas han solicitado públicamente la intervención del órgano interno de control del ayuntamiento y advirtieron imponer una vigilancia y revisiones periódicas para el procedimiento administrativo que se debe instaurar para el deslinde de responsabilidades y en su caso las sanciones que correspondan.
