Alejandro Peza/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- El Instituto Electoral de Quintana Roo sancionó a María Candelaria Ayuso Achach, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al exsecretario general José Alberto Alonso Ovando, por incurrir en Violencia Política en Razón de Género en contra de la diputada local, Judith Rodríguez Villanueva.
El proyecto de acuerdo del órgano electoral establece que Candelaria Ayuso recibirá una multa de 12 mil 597 pesos con 60 centavos mientras que José Alberto Alonso Ovando, recibió una multa por 26 mil 498 con 90 centavos, además de que ambos tendrán que ofrecer una disculpa pública a la legisladora.
Así también, el Instituto Electoral de Quintana Roo, aplicará una retención de 150 mil pesos a las prerrogativas del PRI.
Un dato importante es que los pagos de las multas deberán ser solventadas en lapso máximo de 15 días posteriores a la notificación, en tanto que la disculpa pública se realizara a las 19:00 horas de este jueves.
En octubre del año pasado la diputada Judith Rodríguez Villanueva renuncio a su militancia en el PRI para sumarse al Verde (PV), esto origino que los dirigentes del PRI emitieran comunicados a través del portal oficial y redes sociales, mediante los cuales se catalogó a la diputada local como “traicionera”, “oportunista” y “ambiciosa”, pues según trabajaba en beneficio propio.
La legisladora recurrió al Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) para denunciar Violencia Política; también a la Fiscalía General del Estado (FGE) por supuesta discriminación; y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Ieqroo) por transgresión a sus garantías individuales, sin embargo, en ninguno de los tres órganos prosperaron sus inconformidades.
Fue así que se inconformó ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), órgano que hace casi un mes instruyó al Ieqroo a sancione tal conducta.
Recientemente la agraviada advirtió que, de no aplicarse sanción de acorde a la falta, que es grave, recurrirá a la justicia federal, pues no confía en los órganos electorales estatales.
