Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
MADRID. La justicia española decidió abrir un proceso penal contra la multinacional ibérica Iberdrola por la manipulación sistemática del precio de la energía eléctrica, que habría inflado 26.5 por ciento.
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, finalmente admitió a trámite y abrió el procesamiento de la empresa energética, en concreto por una investigación que inició una asociación de consumidores, Facua, que detectó un sobreprecio durante el ejercicio de 2013 y desde entonces reclamó a la justicia que adoptara medidas para indagar los hechos.
Iberdrola está en la mirada de la justicia española por diversas causas y motivos. Este es uno más, que, de hecho, estaba a la espera desde hace más de dos años de que el juez Moreno decidiera sobre la imputación de Iberdrola. En la larga lista de investigaciones judiciales que tiene a la energética en el punto de mira hay otros casos de manipulación del precio de la electricidad, como el que presuntamente habría cometido en el verano del año pasado por el vaciado intencional del embalse de Ricobayo, en la provincia de Zamora, precisamente para alterar a su favor el costo de la energía. Además se investiga a la cúpula directiva de los presuntos delitos de espionaje, cohecho activo, falsedad en documento mercantil, atentado contra la intimidad y una serie de delitos ecológicos.
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La Audiencia Nacional española es el tribunal que tiene al menos dos procesos de investigaciones abiertos contra Iberdrola, ambos de enorme gravedad para una empresa que se dedica a abastecer de electricidad a la ciudadanía. El primero es el del supuesto espionaje contra empresas competidoras, pero también el de vigilancia y amenazas a políticos y líderes medioambientales contrarios a sus intereses. Este caso lo instruye el magistrado Manuel García Castellón y ya tiene muy avanzadas las investigaciones, basadas sobre todo en grabaciones y documentos que confirmarían la intervención del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en esta trama de espionaje y coacción.
El segundo caso es el que finalmente se desbloqueó en el juzgado de Ismael Moreno, en el que por fin y después de una larga travesía en búsqueda de justicia, se investigará la presunta manipulación de los precios de Iberdrola durante 2013, al haber constatado que se infló el precio. El procesamiento será contra Iberdrola Generación y contra cuatro personas físicas que entonces ocupaban distintos cargos de responsabilidad dentro de la compañía.
Según el auto judicial, firmado el pasado 26 de mayo y dado a conocer este lunes, el procesamiento contra Iberdrola se justifica después del último informe de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que, tras las numerosas diligencias
, se ha acreditado indiciariamente
el artificial incremento del precio de la energía eléctrica que vendía Iberdrola
en estas fechas, es decir, 2013. Se calcula que Iberdrola provocó un aumento del precio del mercado diario de unos siete euros por megavatio hora, con lo cual obtuvo beneficios estimados de 21.5 millones de euros y provocó un perjuicio de 105 millones en el periodo comprendido entre el 30 de noviembre y el 23 diciembre de 2013.
La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), que es órgano regulador en este materia en España, sancionó en 2016 a Iberdrola con una multa de 25 millones de euros, precisamente por la manipulación de los precios. Pero en dicha sanción no se incluyeron otros delitos que a juicio de la Fiscalía Anticorrupción habría incurrido en otros delito la multinacional y que le habría permitido un obtener un lucro ilícito
de 20 millones de euros.
La versión de Iberdrola es que el precio del mercado subió a finales de 2013 por circunstancias ajenas, que en ese periodo hubo escasez de agua y llegó a los embalses un 25 por ciento de lo normal y que no obtuvo ningún beneficio por la paralización de sus centrales hidráulicas. Es prácticamente el mismo argumento que presentó para defenderse de la causa abierta en su contra por el delito ecológico por el que está señalado en Zamora, también por el vaciado intencionado de los embalses para lograr un incremento del precio de la energía y así más beneficios propios.
Con información de La Jornada
