Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- Observatorio Legislativo (OL) señaló que hay 500 elementos de la policía asignados como escoltas, pero sin un marco legal que establezca reglas claras para quienes cuentan con este tipo de protección proporcionada con recursos públicos.
Te puede interesar: CONTROVERSIA Y SUELDOS: Observatorio Legislativo pide analizar presupuesto del Poder Judicial y la FGE
A través de un comunicado OL señaló que si bien el servicio de escoltas con elementos de corporaciones policiacas esta regulado requiere ser actualizado para evitar la asignación discrecional.
A continuación el comunicado integro:
La asignación de elementos de las corporaciones policiales para la vigilancia y custodia de personas en el Estado de Quintana roo ha sido un tema cuestionado y que no se ha resuelto en las diversas administraciones estatales y municipales durante los últimos años.
Importa porque uno de los principales problemas para atender la situación de la Seguridad Pública es la falta de elementos en las corporaciones estatal y municipales; se tienen informes que más de 500 elementos están comisionados o asignados por parte de estas corporaciones, siendo la estatal y la del municipio de Benito Juárez quienes más elementos tienen en esta condición.
Si bien es cierto que en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo se tiene un Capítulo dedicado al tema, este no ha sido actualizado, en él se establece lo siguiente:
CAPÍTULO SEXTO
Del Servicio Público de Escolta
Artículo 47.- Es de interés público garantizar la seguridad para preservar la vida y la integridad física de los servidores públicos del Poder Ejecutivo y Judicial del Estado que acrediten encontrarse en situación de riesgo por virtud del desempeño y naturaleza propia de su empleo, cargo o comisión, y que con ello, generen o hayan generado acciones de investigación, persecución de delitos, administración e impartición de justicia y mantenimiento del orden y la paz pública durante el ejercicio del encargo, para tal efecto se constituye el servicio público de escolta.
Esta claramente definido que quienes pueden contar con esta protección deben de acreditar ante el Comité definido en la ley, que se encuentran en situación de riesgo, bien sean funcionarios, exfuncionarios o incluso periodistas que por sus actividades se encuentren en esa condición. Sin embargo, en la práctica vemos que se ha abusado de esta
facultad de tener elementos policiales comisionados por parte de funcionarios, exfuncionarios e incluso empresarios que no están en condición de riesgo por sus actividades y que son utilizados para sus diversas actividades personales.
En el caso de los municipios, estos no cuentan con normativas de asignación y control de estas decisiones que son tomadas por los Presidentes Municipales en turno.
Es necesario por tanto establecer en las reformas a la Ley de Seguridad Pública del Estado y en las correspondientes municipales, las normas y políticas claras para la asignación de elementos de custodia y decidir la reinstalación inmediata de los elementos a sus corporaciones que tanto hacen falta para los servicios de seguridad pública.
