Alejandro Peza/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- La consejera del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), Elizabeth Arredondo Gorocica se manifestó en contra de la sentencia del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) que obliga al Ieqroo a “flexibilizar” los requisitos de las acciones afirmativas para grupos prioritarios.
En una accidentada sesión en la que se definirán las candidaturas de acciones afirmativas de los partidos políticos, la consejera dijo aceptar la sentencia del Teqroo pero defendió las reglas para evitar simulaciones y que los espacios de acciones afirmativas sean ocupadas por personas que no cumplen con los requisitos impuestos por el Instituto Electoral de Quintana Roo.
Hace unos días atrás, el Teqroo invalidó la exigencia de que se presente un certificado de discapacidad permanente apegado a la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, y pidió no aplicar los criterios para aceptar candidaturas indígenas.
Además ordenó al Ieqroo aceptar la documentación que entregaron los partidos políticos y con ello echó para abajo los lineamientos sobre acciones afirmativas aprobadas como resultado de consultas populares a la población indígena y discapacitada.
Te puede interesar: Solo el 40% de las precandidatas han aceptado red de blindaje contra la violencia política, dice el Ieqroo
Cabe recordar que la coalición Morena-PVEM-PT no presentó certificados médicos apegados a la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud para las candidaturas que inscribió en sus planillas a los ayuntamientos de Lázaro Cárdenas, Bacalar, Cozumel, Othón P. Blanco, Benito Juárez, y Solidaridad.
Destaca que en Cozumel el certificado omitido es el del candidato a presidente municipal, José Luis Chacón Méndez, y su compañero de fórmula; y en Othón P. Blanco, el de Sonia Nallely Betancourt Castro, de quien públicamente se ha cuestionado que sea realmente discapacitada.
En la acción afirmativa indígena, le requirieron entregar certificados de autoadscripción de 3 candidaturas en Felipe Carrillo Puerto, 5 candidaturas en Lázaro Cárdenas, 2 fórmulas de Tulum, una fórmula de Othón P. Blanco, una fórmula de Solidaridad, y una candidatura de Puerto Morelos, en el caso de miembros de los ayuntamientos.
En el caso de Othón P. Blanco, la candidatura propietaria es de Ulises Lara Velázquez, cuya autoadscripción indígena está públicamente cuestionada; en el caso de Solidaridad, es el caso de Marian Solís Arriaga; mientras que en los demás municipios no hay cuestionamientos sobre la calidad de indígenas de los postulados, pero no tenían la documentación apropiada al momento del registro.
En las candidaturas a diputaciones locales de mayoría relativa, a la coalición Morena-PVEM-PT le exigen presentar certificados médicos apegados a la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud de sus dos fórmulas de personas con discapacidad, que son: Andrea del Rosario González Loría, propietaria, y Yolanda Elizabeth Reyes García, suplente, en el distrito 2; y Paola Elizabeth Moreno Córdova, propietaria, y Lirio Berenice Baray Borges, suplente, en el distrito 6, ambos de Cancún, que han sido cuestionadas.
En el caso de la acción afirmativa indígena, le faltaron las constancias de adscripción de su candidato propietario del distrito 13, José María Chacón Chablé; y de la candidata suplente del distrito 12, Libialia Canché Góngora.
