Agencias
CANCUN.- Un grupo de defensores de los territorios indígenas de la península de Yucatán denunciaron por racismo y discriminación a los titulares de la Secretaría de Turismo (Sectur) y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), y condenaron el decreto o “acuerdo” que convirtió los megaproyectos del Presidente, Andrés Manuel López Obrador en temas de seguridad nacional.
Integrantes de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal enviaron una carta al Presidente, Andrés Manuel López Obrador en la que levantaron la voz para acusar de racistas y discriminatorios a Miguel Torruco Marqués (Sectur) y a Milardy Douglas Rogelio Jiménez-Pons Gómez (Fonatur).
El poeta y escritor yucateco Pedro Regalado Uc Be, activista integrante de la Asamblea Múuch’ Xíinbal, reventó contra la medida presidencial porque “es la cancelación del derecho al amparo, e inmediatamente nos preguntamos qué va a pasar con los amparos que tenemos pendientes en los juzgados; es un atentado contra nuestros derechos”.
Y una vez más desmintió a López Obrador, quien esta mañana aseguró que si se hace una encuesta en la ruta del tren, 90 por ciento de la gente aprueba la obra: “No es cierto, centenares de indígenas y ejidatarios aún se oponen a esa megaobra. Son hostigados sistemáticamente por gente ligada al Fonatur para que vendan, pero eso nadie lo publica”.
El activista nacido en Yucatán recordó que como agrupación ya lograron dos de tres suspensiones definitivas contra cualquier obra del ferrocarril, y que hasta ahora la organización ha presentado seis amparos.
En total, con distintos colectivos, se han ganado tres de los 25 amparos que 327 personas han presentado porque “se impactará a mil 240 comunidades indígenas del Sureste del país; sin embargo, después de 16 meses, algunos juzgados han remitido los expedientes de un estado a otro”.
Uc Be destacó que “nos han acusado de formar parte de un «complot de la ultraderecha» y de ser parte de un «cártel de ampareros» contra el llamado Tren Maya; se refieren a nosotros con desprecio y criminalizan la lucha jurídica desde el poder, poniéndonos para ser atacados por el crimen organizado”.
En ese sentido, citó que en lo que va del sexenio lopezobradorista han crecido los asesinatos de defensores de derechos humanos e indígenas —solo de 2020 a la fecha han sido sacrificadas 22 activistas— porque enfrentaban a grupos del crimen organizado, así como a megaproyectos impulsados por el Estado.
Con información de Red Informativa del Sureste (RIS)
