REDACCIÓN/ NOTICARIBE PENINSULAR
CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que se planteó a Calica, empresa de extracción de materiales de construcción -hoy Sactun- realizar un avalúo de las 4 mil hectáreas que tiene, para que el gobierno mexicano las compre.
“Otra cuestión que les planteamos es hagamos un avalúo de las cuatro mil hectáreas, que Hacienda haga un avalúo de conformidad con nuestra legislación y a ver cuánto cuesta, y les compramos las cuatro mil hectáreas.
“Ya nosotros vemos cómo esos terrenos se utilizan para parques públicos y hasta para actividades turísticas, y tenemos recursos para eso”, reveló en la conferencia mañanera.
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó así sobre avances en las reuniones que buscan un acuerdo en el conflicto jurídico internacional a partir de la demanda promovida por la estadounidense “Legacy Vulcan”, propietaria de Calica.
El tabasqueño afirmó que existen condiciones para un arreglo, pero que insistió en la necesidad de entender que “ya no es el tiempo de antes” cuando se dieron los permisos a un día de que terminara la gestión del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, el 30 de noviembre del 2000.
López Obrador sostuvo su postura de que esos predios –a un kilómetro de playas del caribe mexicano– ya no pueden ser utilizados para la extracción de materiales, “porque están en plena zona turística”, que luego son enviados a Estados Unidos.
A solicitud de la compañía, las autoridades mexicanas permitirán la salida de los volúmenes acumulados a la fecha.
Sin embargo, ratificó que el punto central del eventual acuerdo es un nuevo convenio para que esa superficie se convierta en un complejo turístico, con cuidado del medio ambiente, y que el puerto, incluso, sea para cruceros, bajo la normatividad nacional.
El plazo para alcanzar un arreglo se fijó para marzo próximo, según declaró previamente el mandatario.
Apenas hace unos días el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador advirtió a los dueños de la empresa estadunidense Calica que a partir de marzo próximo tendrán prohibido extraer material en un predio de cuatro mil 200 hectáreas ubicado en Playa del Carmen, Quintana Roo.
También les exigió retirar la demanda que interpusieron en un tribunal internacional, donde exigen que el gobierno de México les pague una indemnización de más de mil 200 millones de dólares debido a que no les ampliaron la concesión.
Con información de LectorMx
