Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
CANCÚN.- El personal de ventas de Grupo Promotora Residencial condicionó a los nuevos propietarios para comprar una casa a pagar 4 mil pesos para integrarse a una asociación civil que llevaría la administración de la caseta y áreas comunes del fraccionamiento.
A casi un año de la entrega de las primeras casas, los propietarios aún no pertenecen a la asociación civil denominada “Comunidad Andria Vía Portobello” y la mesa directiva está conformada por personal de la misma desarrolladora Grupo Promotora Residencial.
De acuerdo con los documentos, la asociación civil estaría presidida por Claudia Urbiola, quien figura en el Directorio de Administrativos en la propia página web de la empresa; otros de los integrantes son identificados por los propietarios como trabajadores de la empresa pues incluso hicieron trámites con algunos de ellos.
La asociación civil cobró mensualmente, de junio a diciembre, una cuota de mantenimiento de 850 pesos a las casas que ya habían sido entregadas. El dinero fue utilizado de forma discrecional por la administradora Graciela Buenfil, quien figura como apoderada legal de dicha asociación y hasta enero era también trabajadora de Grupo Promotora.
Por si esto fuera poco, los propietarios coinciden en quejas sobre el estado de las calles y banquetas, que son de deficiente calidad, al igual que muchos vicios ocultos dentro de las viviendas relacionados con acabados, drenaje, electricidad, entre muchos otros, que el área de garantías de la inmobiliaria recibe constantemente.
Promesas incumplidas por Grupo Promotora
Grupo Promotora Residencial cuenta con diversos desarrollos en Cancún y actualmente promociona la segunda etapa del residencial Andria. La primera etapa fue vendida con la promesa de ser una cerrada con pluma y caseta de vigilancia, además de diversas amenidades en las áreas comunes, pero a la fecha, la seguridad con la que cuentan los propietarios es una cuerda que personal de la desarrolladora baja y levanta para controlar el acceso.
En el mes de diciembre, hartos de las irregularidades en casas y preocupados por la seguridad tras dos robos a casas del fraccionamiento, los propietarios se organizaron y exigieron por escrito a la inmobiliaria que diera una explicación de todo esto, además de preguntar sobre el destino de las cuotas de la asociación civil, pues no se cuenta con las amenidades prometidas.
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A los pocos días de la entrega de este escrito, la administradora Graciel Buenfil fue removida de su cargo sin que la desarrolladora diera explicaciones. Fue la propia apoderada legal de la asociación civil quien se apersonó en la caseta y dijo que se llevaba con ella la seguridad privada que había contratado en funciones como gestora.
Dicha empresa privada de seguridad fue contratada tras los robos, pues cuando los afectados exigieron una indemnización y apoyo a Grupo Promotora, les fue negado con el argumento de que su personal de seguridad solamente se hacía cargo de las casas que no se habían entregado.
La situación llevó a los propietarios a pedir una junta con directivos de la desarrolladora, a la que accedieron casi un mes después de la entrega del escrito y solamente por vía Zoom. En la reunión no hubo información concluyente respecto a las aportaciones, pues aseguraron que, de todo el total aportado por los vecinos, solamente contaban con 140 mil pesos que entregó la administradora.
“Esto es un fraude, un robo”, “confiamos en el nombre de Promotora, nos engañaron”, expresaron los vecinos en dicha reunión, en tanto que estuvieron de acuerdo en que deberían devolverle la totalidad de sus aportaciones a cada uno. Esta petición fue desoída y se dejó la responsabilidad de la asociación civil y sus recursos en manos del gerente de ventas en Cancún.
Como consecuencia de esta reunión, fueron entregadas facturas y documentación en general de la asociación civil a un comité vecinal, quienes auditaron esta información y concluyeron que hubo un importante desfalco a las arcas de la organización, con facturas “infladas”, transacciones irregulares e incluso una falta de saneamiento de la asociación civil ante las autoridades tributarias.
Las cuentas sumaron ingresos totales de más de 800 mil pesos, en tanto que los egresos fueron compuestos por facturas de servicios de jardinería, limpieza e incluso papelería y administración, con un sueldo para la administradora, aunque constaba como trabajadora de Grupo Promotora.
Desfalco y desperfectos en casas de lujo
El desfalco de la asociación civil fue la gota que derramó el vaso ante la inconformidad de los propietarios de Andria, quienes desde que les entregaron las viviendas han tenido que recurrir constantemente al área de garantías por desperfectos que han sido reconocidos por la propia empresa; adicionalmente, todavía hay maquinaria y trabajadores, lo cual ha deteriorado las calles y banquetas, además de representar un riesgo para los habitantes.
La entrega hasta el momento de aproximadamente 100 casas se ha hecho sin terminar la totalidad de la obra y la entrega formal del fraccionamiento al municipio podría tomar años, según informaron los administrativos de Mérida en la reunión de Zoom. Esto porque las diferentes etapas de las que consta el proyecto del fraccionamiento fueron registradas de forma conjunta como una sola obra, pero los propietarios argumentan que esa información no se las dieron al momento de la compra.
Por lo anterior, serán los propios vecinos quienes tendrán que gestionar ante las autoridades municipales el control de acceso a la privada, aun cuando el fraccionamiento fue vendido como una etapa “de lujo” y con mejor seguridad que otros desarrollos de la misma inmobiliaria. Al día de hoy, los propietarios se quejan de que las casas más económicas son de un millón 500 mil pesos, pero la seguridad es una soga a la entrada.
La empresa ahora buscan traspasar todas las obligaciones que tendría la asociación civil al comité vecinal que se ha encargado de mediar en este proceso. Incluso los ha condicionado a tomar la asociación civil ya creada o fundar una nueva para que se les transfiera el remanente de 140 mil pesos a una nueva cuenta bancaria, en lugar de devolver la totalidad de los recursos a los propietarios, que ascienden a unos 9 mil pesos por cada uno.
La condicionante ha sido la promesa de una donación de dos lotes a la asociación civil que controlen los propietarios; además, la inmobiliaria ha insistido en que este tema sólo puede avanzar con una asociación civil y se han ofrecido pagar la protocolización de todo ante la notaría número 66, a cargo del notario Javier Reyes Carrillo, con la que trabaja Grupo Promotora Residencial desde hace varios años.
Propietarios en incertidumbre
Adicionalmente, los propietarios están en la incertidumbre porque la empresa ha dicho que retirará a todo su personal a mediados de marzo, incluida la seguridad, por lo que quedarán desamparados y con las responsabilidades de una asociación civil que tampoco tendrá todos los recursos aportados por ellos mismos, aunque la empresa se ha comprometido a devolver una parte de la cantidad que desconocieron los propietarios durante su auditoría.
En este sentido, la exigencia por parte de los propietarios, además de la devolución de sus cuotas, sigue siendo el tema del acceso controlado, que fue parte de las promesas de venta e incluso en su publicidad en redes sociales. Tan importantes han sido las problemáticas, que para la segunda etapa del fraccionamiento, los propietarios no serán obligados a pertenecer a una asociación civil, sino que se entregará todo a un comité vecinal, como ocurre en el resto de circuitos entregados por la inmobiliaria.
A decir de algunos propietarios, la asociación civil fue una estafa y no entienden por qué se insiste en ello, pues el resto de cerradas de la zona cuentan únicamente con un comité vecinal, como será la propia segunda etapa, ya que los desarrollos de Grupo Promotora no son régimen condominal, de tal forma que la asociación no ha tenido otra razón de ser más que la del desfalco del que fueron víctimas.
