Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
CANCÚN.-Luego de que la Fiscalía General del Estado aportara los datos de prueba correspondientes, un Juez de Control dictó el auto de vinculación a proceso para Brian Alejandro “N”, por su probable participación en hechos que podrían ser constitutivos del delito de secuestro en agravio de siete personas, una de nacionalidad mexicana y seis brasileños, de identidad reservada.
Los sucesos que dieron origen a la imputación de Brian Alejandro “N” ocurrieron el 20 de mayo del año en curso en este municipio, cuando, según las primeras investigaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Secuestro y Extorsión, cuatro hombres y dos mujeres originarios de Brasil solicitaron servicio de transporte a través de una plataforma digital; una vez a bordo del vehículo, fueron interceptados por dos unidades de taxi, en la intersección de la calle Pino y avenida Tulum.
Te puede interesar: Confirma FGE participación de taxistas del sindicato “Andrés Quintana Roo” en el secuestro de turistas brasileños
El conductor de la unidad solicitada a través de la plataforma, fue subido a otro vehículo para trasladarlo, junto con las víctimas, a una zona aledaña a la avenida López Portillo, donde probablemente los golpearon y robaron sus pertenencias, así como dinero en efectivo.
Cabe mencionar que mientras las víctimas eran torturadas y vejadas, los presuntos secuestradores grabaron videos que enviaron a los familiares de los brasileños, para exigirles diversas cantidades de dinero, por lo que una vez identificado, el juez giró la orden de aprehensión en contra de Brian Alejandro “N”.
Las víctimas de origen brasileño recibieron asistencia, albergue y alimentos, durante el tiempo que estuvieron bajo resguardo, en la que rindieron su testimonio ante el Juez de Control para ratificar los señalamientos hechos ante el Ministerio Público.
Tras analizar todas las evidencias aportadas, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a Brian Alejandro “N”, a quien además le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el término de dos años.
