Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
CANCÚN . – Representantes de pueblos y comunidades mayas y defensores jurídicos pidieron a las autoridades federales acatar las resoluciones emitidas ayer por el Juzgado Cuarto de Distrito, con sede en Mérida, que concedió suspensiones provisionales a tres solicitudes de amparo, lo que implica detener las obras de construcción del tramo 3 del Tren Maya.
Defensores jurídicos del grupo Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C. informaron que la protección provisional es por daños al medio ambiente y la deforestación que provoca el megaproyecto en perjuicio de actuales y futuras generaciones.
Fernández Mendiburu planteó que las autoridades del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) deben detener la construcción del Tren Maya conforme al ordenamiento del juez federal y no caer en la simulación y decir que sólo realizan mantenimiento.
Precisó que los tres juicios de amparo impugnaron la constitucionalidad de la Manifestación de Impacto Ambiental aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a favor de Fonatur, bajo tres argumentos fundamentales:
- a) La violación al derecho a la información, puesto que las comunidades indígenas a las que pertenecen los quejosos no tuvieron acceso en ningún momento a los estudios derivados de la manifestación de impacto ambiental, es decir, a la información sobre los diversos impactos ambientales locales y regionales que el proyecto denominado tren maya acarreará para el medioambiente y el territorio de esas comunidades
- b) La violación al derecho de información a las comunidades afectadas tuvo como consecuencia la vulneración de su derecho a la adecuada participación de estas en la determinación de las implicaciones e impactos ambientales derivados del megaproyecto del tren maya, tal como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
- c) La omisión de realizar una evaluación ambiental regional que incluya todo el estudio de los impactos del proyecto de forma integral y no seccionándolo por tramos, es decir donde se determinaran los impactos acumulativos y sinérgicos o residuales ocasionados por el proyecto denominado tren maya en su totalidad, y no de manera fraccionada como se ha hecho.
Respecto a la posibilidad de contar con la suspensión definitiva, los voceros del Grupo Indignación indicaron que los días 22 y 26 del presente mes se llevarán al cabo las audiencias incidentales, toda vez que la contraparte colocará los recursos que a derecho le competen.
A su vez, los representantes de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch’ Xíinbal” y del colectivo “Chuun t’aan Maya” de Yucatán rechazaron los argumentos oficiales de que son organizaciones ajenas a la región sureste las que interponen los recursos jurídicos.
Joaquín Chan y Guadalupe Chan, miembros de esas agrupaciones, aseguraron que los recursos jurídicos fueron elaborados y promovidos por los pueblos mayas, ya que les han sido violados sus derechos a ser informados, así como de autodeterminación y defensa de sus legítimos intereses.
El primero refirió que, a 25 años de la celebración de los acuerdos de San Andrés Larráinzar con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el gobierno federal prosigue con su política de manipulación y transgresión de los derechos de autodeterminación de los pueblos indígenas.
Con información de LectorMx
