Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
CIUDAD DE MÉXICO.- En días pasados, el arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer realizó declaraciones desafortunadas e imprecisas sobre el proyecto U LU’UMIL MAAYA WÍINIKO’OB: Un análisis regional del sureste mesoamericano. Proyecto en el marco de salvamento arqueológico “Tren Maya, estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo”, mejor conocido como Proyecto de Salvamento Arqueológico Tren Maya.
Al respecto, el Consejo de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, manifiesta su desacuerdo con estas declaraciones y desaprueba actitudes como la del arqueólogo, que desinforman al público al emitir consideraciones sin fundamentos sobre el trabajo de colegas y profesionistas que desempeñan sus funciones en torno a dicho proyecto.
El INAH, en cumplimiento de las atribuciones conferidas por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, así como por su Ley Orgánica, tiene como objetivo la protección del patrimonio arqueológico que se encuentra dentro del territorio y aguas nacionales.
Contrario a lo que el arqueólogo ha expresado en textos, entrevistas y apariciones públicas, la práctica arqueológica en México está regulada; gracias a ello, existen procedimientos académicos y jurídicos sólidos, por lo que resulta falso que exista saqueo o destrucción del patrimonio en el Proyecto de Salvamento Tren Maya pues, precisamente un proyecto de salvamento evita la pérdida de nuestra memoria arqueológica.
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El salvamento arqueológico es la oportunidad que tienen las y los investigadores para recuperar información que de otra manera se mantendría oculta. Si bien estos trabajos se desprenden de obras públicas o privadas, son investigaciones cuyos alcances y objetivos son académicos y han evitado la destrucción de monumentos tan trascendentales como el
Huei Tzompantli del Templo Mayor de Tenochtitlan, los Mamuts en Tultepec, los petroglifos de la presa Bicentenario de Nuevo León o la grandeza de edificios como el altar de Pino Suárez.
De estos proyectos, que iniciaron como salvamentos, se han obtenido respuestas a múltiples interrogantes y el conocimiento se ha logrado difundir entre las diversas poblaciones que componen nuestro país.
El alcance que se tiene con este tipo de exploraciones va más allá de lo que un investigador por sí solo podría proponer, ya que otorga la posibilidad de ejercer recursos públicos y privados, según sea el caso, lo cual da certeza a su desarrollo y resultados.
Es probable que Cortés de Brasdefer desconozca los procedimientos que este tipo de proyectos implican, pues en sus más de cuatro décadas de colaborar en el INAH, ha realizado quizá un par de intervenciones de salvamento sin llegar a buenos términos. Su trabajo se ha concentrado en Chakanbakán, zona de la que erróneamente se le dice director, pues el cargo no existe, y su proyecto no se encuentra vigente desde hace, por lo menos, una década, aunque sí devengó sumas millonarias con resultados discutibles.
El arqueólogo se ha destacado desde hace varios años por desacreditar los trabajos que han impulsado el INAH y sus colaboradores, por lo que ha obtenido amonestaciones verbales en varias ocasiones tras proporcionar a terceros, sin la debida autorización, documentación, datos e información sobre proyectos arqueológicos en curso, lo cual no solo contraviene las Condiciones Generales de Trabajo del INAH, sino que ha entorpecido en gran medida la labor arqueológica en el Centro INAH Quintana Roo y puesto en riesgo datos de terceros involucrados.
En los procedimientos institucionales se establece que las y los investigadores tienen la obligación de informar a las autoridades del INAH sobre las presuntas irregularidades que detectasen; sin embargo, hasta este momento el arqueólogo Cortés de Brasdefer no ha remitido información alguna al Consejo de Arqueología que dé cuenta de anomalías en el Tren Maya y hasta donde se sabe, tampoco al Órgano Interno de Control, normado por la Secretaría de la Función Pública.
En este punto hay que señalar que el Proyecto de Salvamento Arqueológico Tren Maya fue dictaminado por el Consejo de Arqueología, única entidad del INAH facultada para evaluar los proyectos arqueológicos que se desarrollan en el país. Por ello resulta falaz que alguien ajeno al
Consejo de Arqueología y que ha demostrado ignorar la actual realidad arqueológica, pueda pronunciarse a la ligera.
Contrario a la mala voluntad del arqueólogo, al referirse a nuestros colegas como “saqueadores”, en el INAH reconocemos al doctor Manuel Eduardo Pérez Rivas y a su equipo de trabajo, quienes además de su amplia trayectoria académica, tienen un extenso conocimiento de la región y han implementado tecnología de punta, como el uso de drones, la fotogrametría y equipos de alta resolución.
Con la adopción de nuevas tecnologías, esta colosal tarea ha ampliado los alcances del conocimiento: el registro de los monumentos arqueológicos localizados en los más de 1500 kilómetros de vías se efectúa en tiempo real, lo cual facilita evaluar el avance del trabajo e informar a las instancias que así lo requieran sobre el estado que guardan las investigaciones.
La magnitud de la obra ha significado claros retos para la institución, que van desde la organización con las dependencias responsables de su construcción, hasta la evaluación, dirección y coordinación del salvamento arqueológico; sin embargo, el INAH, desde 1939, y el Consejo de Arqueología, desde su creación en 1970, no cederán en la lucha por la protección del patrimonio arqueológico.
Resulta falso declarar que en el desarrollo del proyecto no se tomó en cuenta a los investigadores. En concordancia con los procedimientos para el otorgamiento del visto bueno de obra en áreas de monumentos arqueológicos –o donde se presuma su existencia–, el proyecto fue presentado a través de la Dirección de Salvamento Arqueológico y cuenta con la colaboración de investigadores de los Centros INAH en Tlaxcala, Quintana Roo, Morelos, Campeche y Yucatán, por mencionar algunos, con el apoyo de la Coordinación Nacional de Arqueología y el Consejo de Arqueología.
Cabe señalar que, con el objetivo de salvaguardar el patrimonio arqueológico de la península, se invitó a expertos del interior de la República que expresaron su intención de participar. Cortés de Brasdefer, probablemente, consideró más atractivo juzgar sin argumentos desde la comodidad de su escritorio que demostrar con acciones, y no con palabras, sus intenciones de proteger el patrimonio y no resultar “un traidor a la patria” como él mismo ha calificado a sus compañeros.
Si bien en el año 2020, el diseño del Proyecto de Salvamento Arqueológico Tren Maya quedó a cargo del doctor Manuel Eduardo Pérez Rivas, se estructuró como un proyecto regional, con el fin de englobar las diversas disciplinas que coadyuvan a la arqueología (conservación y restauración, antropología, ingeniería, etc.) para establecer objetivos académicos, generales y particulares.
Sobra decir que el Proyecto de Salvamento Arqueológico Tren Maya se encuentra vigente y ha cumplido con los requisitos que por normatividad se requieren para su continuidad. Ha trascendido por el profesionalismo de los investigadores, el uso de tecnología de punta y por los alcances de la investigación esperados a mediano y largo plazo; datos que, sin duda, cambiarán lo que sabemos de la civilización maya y el futuro de la investigación arqueológica en México.
