Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
CAMPECHE.- Ejidatarios de los municipios de Escárcega y Candelaria acusaron de fraude y extorsión a Barrientos y Asociados, la empresa que contrató el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para negociar el “pagó histórico” por el derecho de vía para el tramo 1 del Tren Maya.
En un comunicado que emitieron en coincidencia con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la entidad, los representantes de los ejidos afectados, División del Norte y Don Samuel, de Escárcega, y Miguel Alemán, de Candelaria, exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) dar entrada a las denuncias correspondientes contra la empresa.
Dijeron que Barrientos y Asociados se aprovechó de su posición para cometer delitos y violaciones a los derechos humanos de los ejidatarios que resultaron afectados por el proyecto cumbre del gobierno obradorista.
“Decidimos denunciar públicamente este día una serie de fraudes y extorsiones, así como violaciones a derechos humanos por parte de la empresa Barrientos y Asociados, S.A. de C.V, contratada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para llevar a cabo la negociación para la liberación de los derechos de vía para el proyecto “Tren Maya”, explicaron.
Detallaron que su modus operandi es similar en cada caso.
“Se presenta en las comunidades una persona, identificándose como representante legal de Barrientos y Asociados con una actitud amable y de apoyo al ejido para ganar la confianza de los representantes. Después nos informa que puede incrementar el monto de la indemnización a través de inventariar árboles o instalaciones inexistentes, con la premura, dado que pronto iniciarían los trabajos del Tren Maya”, relataron.
Expusieron que “después busca recabar nuestra autorización. Dicha persona -la misma en todos los casos- levantó un acta donde se daba por otorgada la autorización, a pesar de NO contar con la mayoría de las firmas de la Asamblea y de la cual no ha entregado copia hasta el momento a los ejidatarios”.
Añadieron que los representantes de los tres ejidos fueron citados por Barrientos y Asociados en el palacio federal, en esta capital, “para otorgarnos cheques, sin especificar a qué correspondían dichos pagos, por cantidades muy superiores a las acordadas”.
“Inmediatamente nos exigieron la devolución en efectivo de la mayor parte del dinero a cuentas indicadas por la empresa Barrientos, aludiendo que dicha cantidad correspondía al pago por servicios profesionales y amenazando con que, de no acceder, se nos denunciaría ante las asambleas ejidales, acusándonos de habernos quedado con la cantidad excedente”, denunciaron.
Resaltaron que esa forma de actuar de la empresa “ha sido un patrón sistemático y reiterado que se ha repetido por meses en diversos ejidos del estado de Campeche e incluso de Yucatán, donde se negocia el pago por los derechos de vía del proyecto Tren Maya, y cuyo común denominador es el Despacho Barrientos y Asociados, que en todos los casos ha incurrido en acciones como manipulación, engaño, omisión de información, chantaje e incluso extorsión hacia las autoridades ejidales”.
Informaron que en consecuencia, los representantes de los diferentes ejidos presentaron ante la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGEC) denuncias penales en contra de la empresa, y acusaron a la FGR de haberse negado “tajantemente” a admitirlas.
“Del mismo modo, señalamos que ni la Procuraduría Agraria, ni Fonatur nos acompañaron en este proceso, aludiendo las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia por covid-19, pero sí fuimos citados en las oficinas de la Procuraduría Agraria para que firmáramos el Convenio de Ocupación Previa a Título Gratuito, a lo cual nos negamos”, agregaron.
Asímismo, se quejaron de que desde que inició el proyecto, los representantes de los ejidos han solicitado la información de sus alcances y afectaciones, pero “nunca nos han entregado los documentos técnicos, jurídicos, ambientales de los impactos a generar, solamente nos presionan a otorgar la ocupación temporal”.
Sostuvieron que en el caso de Candelaria, contrario a lo que aseguran el gobierno federal, Fonatur y ONU-Hábitat el ejido surgió antes que las vías férreas.
“Nosotros no invadimos las vías, las vías nos invadieron a nosotros. Han pasado más de 70 años desde que esas vías operan y el gobierno federal nunca nos ha cuestionado nuestras viviendas. Ahora con el Tren Maya, buscan sacarnos argumentando que somos invasores”, argumentan.
Recordaron que el año pasado presentaron dos demandas de amparo.
“La primera en contra del mal llamado ‘proceso de reubicación consensuada’, por medio del cual pretenden desalojarnos, y la segunda en contra de las vías del tren, por el riesgo a nuestra seguridad que implicará para nosotros el paso del Tren a alta velocidad”, explicaron, y añadieron que las dos demandas siguen en espera de respuesta en los juzgados.
Finalmente, exigieron al presidente López Obrador “que actúe en favor de la legalidad y el Estado de derecho que al día de hoy se ha violado sistemáticamente”.
Demandaron garantías de protección y seguridad por parte del Estado, “en tanto que somos personas defensoras de derechos humanos ambientales”.
“Tememos por nuestra seguridad; el punto donde nos encontramos geográficamente se encuentra en foco rojo por la delincuencia y sabemos que este tipo de denuncias se deben presentar, pero también sabemos que nosotros corremos peligro”, dijeron, y pidieron además poner freno a creciente inseguridad que asola la región.
Con información de Proceso
