Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- El Gobierno del estado aún no ha dado conocer la situación en la que Carlos Joaquín dejó la administración pública, aún cuando ya concluyó el periodo legal de la Entrega-Recepción.
El gobierno anterior dejó notorias irregularidades en el manejo de recursos, en la ejecución de obras públicas y en la entrega de contratos a amigos del poder, pero la Contraloría ni la Auditoría Superior del estado, las principales encargadas de la entrega recepción, han dado a conocer lo que recibió Mara Lezama.
La ley de entrega recepción del estado establece que en los primeros 60 días “naturales” después del acto administrativo de la entrega recepción, el procedimiento queda cerrado.
Así lo dice el artículo 25 de la mencionada ley (Ver fotografía abajo):
“Artículo 25. Los procesos de Entrega Recepción Institucional o Individual concluyen con el desahogo del procedimiento de Verificación y Validación física del contenido del Expediente, a más tardar dentro de los sesenta días naturales siguientes a la firma del Acta Administrativa del Acto Protocolario”.
El artículo 64 explica qué significa esa etapa de “Verificación y Validación”, y establece de nuevo el plazo específico.
“Artículo 64. La etapa de Verificación y Validación física de la información contenida en el Expediente tiene por objeto revisar los formatos, anexos y, en general, la documentación entregada, así como constatar los actos, omisiones o inconsistencias, que en su caso pudieran derivarse de la integración del expediente.
Deberá llevarse a cabo por el o los servidores públicos que reciben, en un plazo de sesenta días naturales siguientes a la firma del Acta Administrativa del Acto Protocolario.
Derivado de esta etapa, se levantará el Acta de Verificación y Validación en presencia de las Autoridades Supervisoras, la persona Titular del Ente Público de que se trate y de dos testigos, misma que, en su caso, contendrá los actos, omisiones o inconsistencias observadas por el servidor público que recibió”.
Luego, el artículo 66 dice que en ese mismo plazo se deben hacer las observaciones.
“Artículo 66. Las Actas de Hechos que contengan las observaciones, actos, omisiones y/o inconsistencias detectadas del Expediente de Entrega Recepción, se turnarán a la Autoridad Supervisora competente, dentro del plazo de los 60 días naturales especificados en el artículo 58 de la presente Ley”.
Ese plazo se venció el pasado 24 de noviembre, hace más de un mes.
Luego, al funcionario saliente señalado por alguna omisión o inconsistencia, se lo cita para que otorgue sus explicaciones, pero ya en ese momento se tiene detectada la inconsistencia, y además los plazos de las contestaciones deben ser perentorios.
En ese sentido, en diversas entrevistas con los medios de comunicación, la contralora estatal Reyna Arceo ha dicho que hay un plazo de “60 días hábiles” que se vencían el 22 de diciembre.
Una digresión aquí. Ese plazo de 60 días hábiles no existe en la ley. Sólo en el apartado de los recursos de revisión se habla de 60 días hábiles, pero la entrega recepción se contabiliza según “días naturales”, y esos, como ya se explicó, han concluido.
Pero hasta el momento, ambos plazos legales se han cumplido, y no hay información sobre lo que dejó la pasada administración.
El hecho es relevante porque contrasta con lo sucedido hace seis años, cuando Carlos Joaquín recibió el Gobierno de Roberto Borge.
A los 60 días de recibido el Gobierno, hubo un informe muy pormenorizado del desastre que dejaba Roberto Borge.
El desastre que deja Carlos Joaquín (20 mil millones de deuda bancaria; 7300 MDP de proveedores; crisis de inseguridad y extensas irregularidades en obra pública) quizá merecería una atención similar.
Reyna Arceo también ha dicho que hay cuestiones en las que se debe mantener la secrecía para no enturbiar el proceso.
Pero eso tampoco es excusa. La administración actual, por ejemplo, puede dar a conocer faltantes de recursos, obras mal ejecutadas, o cantidad de contratos irregulares, sin entrar en pormenores que entorpezcan el proceso institucional y legal.
Se trata sólo de voluntad política.
Con información de La OpiniónQR
