Francisco Javier Robles / NOTICARIBE PENINSULAR
CANCÚN.- Militantes y referentes del PT rechazan categóricamente los congresos políticos que quiere efectuar en Quintana Roo el comisionado político Gerardo Rodríguez, para modificar estatutos del partido y poder imponer candidatos a placer.
Denuncian que se quieren modificar las comisiones ejecutivas municipales “para imponer figuras monarcas que durante muchos años secuestraron al Partido del Trabajo en el estado, convirtiéndolo en franquicia familiar, como es el caso de la pareja Lorena Martínez Bellos/Hernán Villatoro Barrios”.
El coordinador de Afiliación del PT en Benito Juárez, Rudy Brian Gordillo Oliveros, aseguró que dichos congresos políticos carecen de convocatoria legal y violan los artículos 71, 85, 86, 87, 88 y 90 de los estatutos del partido.
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Advirtió que dichas acciones incurren en nulidad y sanciones, de acuerdo al Artículo 34 de la Ley General de Partidos Políticos, “pedimos la reconsideración de los congresos para preservar la legalidad”.
El diputado Hugo Alday Nieto aseguró que son la mayoría de los referentes del PT que están preocupados por las acciones arbitrarias que se quieren tomar.
“Queremos que se lleve bien este proceso y con la legalidad que corresponde. Los acuerdos que se tomen no tienen validez, y de acuerdo a la Ley General de Partidos Políticos no se puede hacer movimientos de las estructuras orgánicas cuando ya inició el proceso electoral, y nosotros ya estamos en un proceso electoral”.
Resaltó que la Comisión Ejecutiva Estatal es el máximo órgano de decisión en Quintana Roo, y que la propuesta de realizar congresos políticos en los municipios carece de total legalidad.
“Se violarían los artículos 91, 92, 93 y demás aplicables. Participar en tales actos, según los artículos 114 y 115, nos expondrían a los militantes a sanciones, incluso, a la expulsión; además, de incurrir en nulidades, conforme a la Ley de Partidos Políticos”.
Figuras como Alexandra Gómez y Gerardo Contreras Uribe, coordinadores de afiliación en el estado se pronunciaron en el mismo sentido, exigiendo que el proceso se conduzca con principios legales.
Pidieron que dicha iniciativa se replantee de manera conjunta con los Comités Directivos Nacional y Estatal, para que no se afecte a los participantes y se evite enturbiar el proceso electoral en curso.