Gilberto Avilez Tax
En la tarde del lunes 9 de noviembre veíamos por las redes las manifestaciones en contra de los deleznables feminicidios que en las últimas horas se habían cometido en Quintana Roo de una forma atroz, poniendo una vez más en tela de juicio los deficientes mecanismos de seguridad del estado, en sus tres niveles de gobierno, para proteger a las mujeres y a la ciudadanía en general.
Y es que no pasa un día en el Caribe mexicano, y a lo largo de la geografía de Quintana Roo, donde no nos enteremos que se haya cometido un crimen, un robo, un secuestro o una muerte violenta de hombres y mujeres. Ya no son “casos aislados” como hace tiempo decía la otrora clase política priísta, ya las muertes violentas se cuentan por racimos, ya la muerte “tiene permiso” y las burocracias estatales de investigación, persecución y esclarecimiento del delito dejan ver su pesado tortuguismo y su aviesa corrupción: en el 2019, más de 700 asesinatos se cometieron en el estado, y de ese número, más de 330 víctimas se dieron solo en Cancún, el séptimo municipio más violento del país, donde el turismo narcótico ha asentado sus reales y este destino caliente se lo pelean más de dos cárteles nacionales y locales.
Este fin de semana, en menos de 48 horas, tres feminicidios se cometieron en el estado, que dio pie a manifestaciones feministas que se realizaron enfrente de las sedes de la Fiscalía del estado, en cabeceras municipales como Cancún, Chetumal, Cozumel, Playa del Carmen y Carrillo Puerto. Solo en una ciudad, en Cancún, las protestas fueron reprimidas de una forma atroz y que recordaron los peores momentos del autoritarismo priísta, el de corte diazordacista y gorilesco, pero que igual recuerdan lo que se vivió con las represiones en Oaxaca y Atenco, en tiempos del panismo en el poder.
Mientras veíamos la cobertura de información de la reportera de Noticaribe Peninsular, Guadalupe Villareal,[1] al minuto 9 con 33 segundos comenzaron a sonar los balazos, las ráfagas de disparos con balas de verdad, no de goma. Disparos que duraron dos minutos y medio sin que la guardia nacional estuviera presente, y con los cuales los policías municipales, que siguen órdenes del “Mando único” del jefe estatal de la Secretaría de Seguridad, Alberto Capella, replegaron a los manifestantes con una violencia inaudita: encapuchados, con chalecos antimotines, con armas largas y con una vulgaridad manifiesta en sus improperios que vertieron contra ciudadanía y reporteros por igual, al parecer solo esperaron el momento preciso cuando algunos manifestantes vestidos de negro (¿grupos de choque para sabotear una digna marcha?) ya habían entrado al palacio municipal de Cancún; y se lanzaron, jauría de más de 50 uniformados, contra los manifestantes.
Varios reporteros vieron que incluso desde el techo del palacio municipal venían las balas, al menos la mitad de los policías jaló del gatillo, y en el arreo que hicieron de los que se manifestaban, cerraron los accesos principales de la plaza y no querían dejar salir a nadie. Las macanas y toletazos vinieron luego, y se retuvieron en el Palacio Municipal de Cancún a varios manifestantes que fueron liberados luego por presiones de CNDH, entre los cuales se encontraba el profesor Julián Ramírez, que momentos antes de su arresto injustificado, desde su Facebook trasmitía la represión brutal y la descarada muestra de violencia injustificada de los elementos policiacos: “Son mis alumnos a los que detienen, era mi alumna a la que asesinaron!”, gritaba el maestro; y a los policías, les decía: “Se pusieron a disparar y a toletear en una manifestación pacífica, no tiene sentido el costo político e ilegal que esto va a significar para todos ustedes”. [2] Costo ilegal sí, pero no político, pues los policías solo reciben órdenes de sus mandos, y como tal, solo recibirán su destitución como elementos descartables.
Es un hecho que la clase política antropofágica de estos lares, es capaz de utilizar una tragedia, la repetición una y otra vez de la tragedia, para sus intereses personales. De la represión policiaca contra los manifestantes, resultaron heridos cuatro reporteros –dos de bala: Cecilia Solís y Roberto Becerril de La Verdad; y de golpes Santiago Rodas de @QuadratinQRoo y Selene Huidobro, de @Sipse- que cubrían la noticia y se retuvo, ingresándolos a la fuerza al palacio municipal y pulverizando sus derechos, a varios jóvenes, entre ellos al profesor Ramírez. Todo esto se logró ver en tiempo real desde las cámaras de indistintos medios digitales: fue una pólvora que quemaba, que martillaba con su azufre el salitre del caribe cercano, mientras los manifestantes, casi todas mujeres, huían para guarecerse de esta reactivación del diazordacismo tropical.
Momentos antes de su detención por algunas horas, el profesor Ramírez, que había dado la bienvenida a la llegada de la Guardia Nacional pensando que con su presencia se detendría los disparos de los municipales (cosa que así fue), espetó a los uniformados municipales lo siguiente: “mataron a mi alumna, desgraciados, ¿ok?, no pueden contestar a balazos y a toletazos, estamos amparados por los Derechos Humanos”.
Al principio de la transmisión en tiempo real de esta barbarie, todo fue confuso, y uno se preguntaba: ¿Es la policía municipal de Cancún la responsable? Si fuera así, la primera edil de ese municipio que cumple 50 años entre una pandemia sanitaria y una pandemia de seguridad sistemática, habría pasado un límite. Seis horas antes de los sucesos, la primera edil de extracción morenista, Mara Lezama, escribió en su cuenta de Facebook que su gobierno reprobaba “todo tipo de violencia” en su Cancún imaginario, “ciudad de libertades y derechos” imaginarios donde se garantizaba “la libre manifestación política”, y que hacía suyo el derecho de la ciudadanía a hacer valer su “libertad de expresión”. Horas después, la protesta contra los tres feminicidios recientes en Quintana Roo (dos en Cancún, y uno en José María Morelos), desembocó en una represión policiaca con armas de fuego contra manifestantes que intentaron ingresar al palacio municipal de Cancún. Mara Lezama, al principio, no pudo explicar bien a bien quién activó la represión policiaca contra los ciudadanos hartos de la violencia impune, solo posteó en su red social que reprobaba todo acto de violencia y que en calidad de presidenta municipal de Cancún “jamás ordenaré ningún tipo de represión en contra de la ciudadanía”. Pero en twitter y Facebook, toda la cascada mediática la incriminaba a ella, y más cuando los uniformes de los verdugos que dispararon frente a la explanada del Palacio Municipal de Cancún decían, en sus pecheras y espaldas, “policía municipal”.
Capella, el que mueve todos los hilos de la policía de Quintana Roo mediante el controvertido y a todas luces anti constitucional “Mando Único”, dio esta perla del cinismo: para el “Rambo” tijuanense, era “inaceptable” el mierderío que sus propios subalternos habían realizado en las inmediaciones del Palacio Municipal de Cancún, y que ya había ordenado una “investigación interna” y pondría a disposición de la Fiscalía del estado toda la información para que ésta hiciera lo propio con transparencia. Es decir, Capella no aceptó al principio el hecho que luego, en el transcurso de los minutos, al final aparecería de forma tan prístina: el hecho de que no tenía ninguna injerencia de dominio y control el Ayuntamiento de Cancún con su policía municipal, la cual se encuentra bajo las órdenes de Capella. Pero si ni el Ayuntamiento ni Capella y menos el de más arriba habían dado órdenes precisas para reprimir a nadie, ¿quién entonces ordenó hacer semejante cagadal?, ¿acaso se mandaban solo los policías?
Para ese entonces, el arroyo mediático se había desmadrado para convertirse en caudaloso Orinoco y pasaba a nota nacional e internacional. Medios como El Universal, Excélsior, Gómez Leyva y Azucena Uresti, así como El País e Infobae habían dado cuenta de la represión brutal en Cancún; y la Secretaría de Gobernación (Segob), en un tuiter, demandó a “las autoridades municipales y estatales la investigación hasta sus últimas consecuencias, de la represión y agresión armada registrada hoy contra una manifestación feminista en Benito Juárez, Q. Roo”. Los buitres que rondan la gubernatura y que siempre desean llevar agua a su molino a pesar de las tragedias, comenzaron a politizar el asunto, y Lezama apeló a lo que mejor sabe hacer: el histrionismo televisivo. En su red social, la presidenta de Cancún, vestida de negro, ya fue más explícita al deslindarse y señalar quiénes tenían el dominio de la policía municipal: “Una manifestación feminista fue reprimida con violencia por parte de la policía estatal…Como saben, el Gobierno municipal de Cancún no tiene a su cargo elementos de policía, estos están a cargo del Mando Único estatal, por lo que en breve estaré presentando las denuncias penales correspondientes en contra de los elementos policiacos que actuaron en forma indebida, ilegal e inmoral”.
Era cuestión de tiempo para que el socorrido chivo expiatorio saliera a escena. Con la señalización precisa que Lezama había hecho de quién estaba a cargo de la policía municipal de Cancún, el cagadal pasaba a otra sentina. Resulta altamente sospechosa la actuación desproporcionada, fuera de toda cordura, de rompimiento de los más ínfimos protocolos de actuación. ¿En verdad se mandaban solos los uniformados?
Y el chivo expiatorio se presentó, se tenía que presentar ¿A quién absurdo mando de menor rango se pondría como el cancerbero irresponsable que dio la orden de echar bala a diestra y siniestra a los manifestantes? En la entrevista que le concedió a Azucena Uresti momentos después del video de Lezama, Alberto Capella ahora sí mencionó que había identificado a “seis elementos que cometieron una enorme estupidez”, y que existían, según Capella, dos hipótesis que explican por qué actuaron de esa forma los uniformados: la primera hipótesis es que entraron “en pánico” porque pensaron que el Palacio Municipal de Cancún corría peligro de quemarse y actuaron de forma irresponsable tirando bala al aire para defender el inmueble del fuego. Los periodistas que grabaron las escenas contabilizaron a más de seis policías, a casi dos decenas para ser precisos, fuertemente armados y que accionaron sus armas, incluso disparando desde el techo del Palacio municipal de Cancún. Sin duda, estos “seis elementos”, para Capella, tendrían responsabilidad “administrativa” y “de orden penal”. La segunda hipótesis, decía el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, es que estos policías actuaron “con cierta gana, cierta intención de querer desestabilizar el esfuerzo realizado en materia de seguridad en el estado”. Y estos policías que cometieron “esta barbaridad”, eran los que “no están de acuerdo con la política de disciplina [de Capella], evidentemente que tienen muchos años trabajando y no llegaron con nosotros”.[3]
Momentos después, la verdad oficial refrendaría el dicho de Capella y señalaría que el único responsable de las atrocidades represoras del 9 de noviembre en Cancún, contra personas que pedían justicia, detención y la no impunidad de los feminicidios, fue el director de la Policía Municipal de Benito Juárez, Eduardo Santamaría, un subalterno “estúpido”, “miedoso” o “conspirador”,[4] el cual “dio la instrucción de disparar al aire para dispersar a los manifestantes, que invadían las oficinas de la Presidencia municipal”, y que otros policías más lo secundaron. Es decir, todo quedó en una incompetencia de mandos subalternos la cual se tienen que castigar en términos administrativos, removiéndolos de sus cargos e incoando acciones penales. Nadie, por lo visto, renunciará a sus puestos de primer nivel ni a sus intenciones de competir por la grande en el estado, y mucho menos nadie se hace y se hará responsable de la indefensión que en materia de seguridad subsiste en el grueso de la sociedad quintanarroense.
Este es el Cancún y el Quintana Roo de “los demonios del edén” y de la brutal descomposición social y la asimetría en todos los ámbitos (políticos, económicos, de derechos y culturales) que cumple 50 años y muere lentamente su agonía turistera; el Cancún donde el turismo y la violencia narcótica se ensaña contra los más desprotegidos, las mujeres, niños y viejos. Es también el Cancún y el Quintana Roo donde nadie, salvo el chivo expiatorio, es culpable de la agónica tragedia cotidiana que es vivir en una sociedad desbocada donde nadie se hace responsable de nada.
[1] Véase en este video, a partir del minuto 9 con 33 segundos, el momento preciso del comienzo de los disparos: https://www.facebook.com/NoticaribeInfo/videos/667218710826151
[2] La detención del joven profesor Ramírez pudo ser captada en el minuto 15:39 del video para Noticaribe Peninsular, de la reportera Guadalupe Villarreal.
[3] La entrevista telefónica se puede ver en https://www.facebook.com/azucenaum/videos/3481749818549330
[4] Sigo las “hipótesis” exculpatorias de Capella.