Gilberto Avilez Tax
La tesis que hay que poner en la mesa de discusión, es que la militarización del país no es del tiempo presente con el actual gobierno de la 4T donde se ha dado un enorme espacio, atribuciones, funciones y roles al Ejército mexicano, en varias áreas del Estado que antes no realizaban. En ese sentido, el correlato de esta tesis es que los policías municipales han entrado en un franco retroceso, y son el eslabón más débil del sistema policiaco estatal, en cuanto a falta de capacitación (y no hablamos de la profesionalización deseada), nulos incentivos y salarios de hambre.
En cuanto a la seguridad del país, en guerra desde la segunda mitad de la década primera de esta centuria (la declaración de guerra hecha por Calderón para buscar legitimarse en los hechos bélicos después de unas polémicas elecciones presidenciales) con los indistintos grupos de la delincuencia organizada; la militarización ha sido sostenida y llevada a cabo por todos los medios; aquí nos restringiremos a hablar de dos momentos en la historia reciente del sistema policiaco en Quintana Roo, que abarca una década: desde el arribo en 2011, a tierras tropicales, del general retirado Carlos Bibiano Villa Castillo (1948-2020),[1] que venía de ocupar la jefatura de Seguridad Pública de Coahuila y traído por el novel gobernador Roberto Borge Angulo por ser el más “idóneo” para el cargo de secretario estatal de seguridad por el cual se reformó la Constitución estatal por eso del requisito de residencia; hasta el arribo, en septiembre de 2018, del ex titular de la SSP de Morelos, Alberto Capella, que se unía al “gobierno del cambio” y que traía su “experiencia” para salvaguardar “la paz e integridad de los quintanarroenses”, pues en 2018 el estado estaba envuelto en una sostenida violencia de los grupos delincuenciales del narcotráfico para controlar la rica plaza turística.
Bibiano Villa Castillo, a partir del 4 de abril de 2011, se había convertido, por mandado de Borge, en el nuevo Secretario de Seguridad Pública del estado. Con Villa Castillo arribaban desde Coahuila 15 militares que lo acompañaban para combatir a la delincuencia organizada que aún en esas fechas ya estaba teniendo enormes proporciones. El general tenía un sistema implacable para combatir a la delincuencia organizada: el 13 de marzo de 2011, un artículo de La Jornada rescataba unos dichos muy dicharacheros y polémicos de este general que alegaba parentesco con el General Villa: “Para rescatar Torreón hay que meterle huevos…El personal militar está adiestrado para el combate. No se raja. Hemos tenido civiles que a la hora de los chingadazos se les frunce. Antes aquí correteaban a los policías, ahora ni madres, los correteamos a ellos y donde los alcanzamos los matamos. Aquí hay que romperle la madre al cabrón que ande mal”. Pero algo de esas declaraciones de 2011, levantaron ámpula por su terrible recuerdo de la frase, no villista sino porfiriana de “mátalos en caliente”: “Me gusta la adrenalina. Venir a patrullar. Cuando agarro a un Zeta o Chapo lo mato. ¿Para qué interrogarlo? Que le vaya a decir a San Pedro lo que hizo. El Ejército tiene seguridad e inteligencia, no necesita información. El día que ellos me agarren a mí no me van a agarrar a besos. ¿Verdad? Me van a hacer pedazos. ¿Y qué? A eso estoy expuesto. El día que me toque, allí nos amarramos y punto”.[2]
Precisamente, fue este gorila que llegó con Borge para fungir como titular de la policía estatal, y su consigna era implementar, en el estado de Quintana Roo, el “modelo Coahuila”, que consistía en lo siguiente: se trataba de un sistema a cargo de los militares para mantener el control de las fuerzas policiales con el fin de buscar la “militarización” de la SSP mediante una estructura piramidal, donde la responsabilidad, al final, recaía en el Gobernador con la finalidad de establecer una policía única. Este modelo, desde los primeros instantes, fue cuestionado por las violaciones a derechos humanos que se generaron ante la arbitrariedad policial militar.[3] Pero, en tiempos de Villa Castillo en Quintana Roo, el general no tuvo complicado trabajo con la delincuencia organizada, pero su “modelo Coahuila” sí fue efectivo con los maestros inconformes contra la reforma educativa peñanietista, que a lo largo de 2013 dieron innumerables pruebas de congruencia, para rechazar dicha reforma.
¿Quién se acuerda de la represión policiaca contra 400 mentores y padres de familia en el 2013? Aún veo esas imágenes cuando el General retirado Bibiano Villa Castillo arremetió a bastonazos en octubre de 2013 contra maestros y padres de familia de Quintana Roo, que protestaban en Nicolás Bravo bloqueando la carretera federal Escárcega-Chetumal. Los mentores quintanarroenses, opuestos dignamente a la mal llamada reforma educativa peñanietista, fueron reprimidos, perseguidos, toleteados, rociados con gas lacrimógeno y violados sus derechos humanos por las fuerzas represoras del Borgismo, cuyo Secretario de Educación era el priísta Jorge Alberto Alonso Ovando, que actualmente pide votos para una curul de diputado federal.[4] Tres años duró en ese cargo el viejo general Villa Castillo, y en ese lapso se dieron nuevos ejemplos de barbarie policiaca contra los ciudadanos quintanarroenses.[5]
El segundo momento de mi crónica tiene que ver con la llegada, en septiembre de 2018, del tijuanense Alberto Capella a la secretaría que había sido dirigida por Villa Castillo. Capella, titular de la SSP en el Morelos de Graco Ramírez, venía al trópico habiendo dejado combustionado el estado zapatista. En el municipio de Temixco, al sur de Cuernavaca, el MUP (Mando Único Policiaco) había dado pruebas fehacientes de su incompetencia: en enero de 2016 había sido asesinada en la sala de su casa de forma brutal la alcaldesa de dicho lugar, Gisela Mota, que dos días antes había asumido el cargo. En la declaración a la prensa, Graco Ramírez martilló que el crimen ocurría “en el marco de la transición por la instalación de los nuevos ayuntamientos municipales”, y que Mota había aceptado el MUP. Sin duda, el sospechosismo era la pieza recurrente en esos días. El 6 de diciembre de 2017, el MUP ingresó a una casa de la colonia popular Rubén Jaramillo, de Temixco, y asesinó a una familia de cuatro mujeres, un bebé y un adolescente. Por ese solo hecho, Graco Ramírez y Alberto Capella deberían estar en la cárcel, pero esto es el México de la 4T, donde campea hasta ahora la impunidad.[6]
Una nota de Jorge Carrasco y Patricia Dávila para el Proceso de diciembre de 2017 que hemos comentado, señalaba los orígenes calderonistas del MUP, y que fue retomado en tiempos de Peña Nieto: con el MUP se buscaba suprimir a las más de 1800 policías municipales por 32 policías estatales que sean más confiables, más fuertes y más eficaces. Este MUP, por supuesto, iba en contra del Artículo 115 y el Municipio Libre y su autonomía, y desde sus primeros años, “el modelo ha resultado también un fiasco en los estados donde se ha puesto en marcha: la violencia aumentó y la estrategia generó incluso conflictos políticos ante la oposición de algunos alcaldes.[7]
En menos de tres años, el MUP de Capella, en Quintana Roo, ha dado pruebas indubitables de fracaso. Lo expongo con brevedad: Si la Ley de Seguridad Pública Estatal vigente, establece, entre otros artículos, el 2, el 24, el 64 y 68, la profesionalización de los policías, más la capacitación adecuada, el recibir cursos básicos, remuneración digna, no discriminación e ir en contra de todo tipo de tortura; los hechos recientes de violencia policiaca suscitados en el Caribe mexicano –y no me refiero solamente al asesinado de Victoria Esperanza Salazar Arriaza, igual podemos hacer referencia a lo que se suscitó en noviembre de 2020 en Cancún- hacen nugatorio y convierten en papel mojado esas admoniciones. Apenas el 24 de junio de 2020, algunos medios de prensa locales señalaban el fracaso eminente de la policía quintanarroense, que junto con Yucatán, Guanajuato, CDMX y San Luis Potosí, eran las peores evaluadas: “Los policías manifestaron ser ‘menospreciados’ por sus mandos, además de ser parte de las entidades donde es casi nula la capacitación, con bajos salarios y sin profesionalización”[8]. Todavía en los primeros meses de pandemia, en Quintana Roo la CEDHQROO recibió 31 quejas del 15 de marzo al 12 de abril, dirigidos en su mayoría a la SSP estatal y al sector salud: la ciudadanía se quejaba de los filtros, los retenes, los toques de queda, entre otras cosas.
Como vemos, la cuestión de la discriminación de los policías a migrantes de su mismo color, no responde sino a que muchos de los policías del estado de Quintana Roo son producto de la dejadez, del olvido institucional, de la empatía profesional.
[1] En diciembre de 2020, el polémico general, que tantas veces defendió su vida de la delincuencia organizada, moriría del Covid-19.
[2] Sanjuana Martínez. “Si agarro a un zeta lo mato; ¿para qué interrogarlos?: jefe policiaco. La Jornada, 13 de marzo de 2011.
[3] Maricela Conrado Turriza. Análisis a la propuesta del mando único policial en México y su impacto en la seguridad pública del Estado de Quintana Roo. Tesis de licenciada en Seguridad Pública. UQRoo, 2011.
[4] https://www.jornada.com.mx/2013/10/20/politica/013n1pol
[5] https://www.elfinanciero.com.mx/sociedad/renuncia-secretario-de-seguridad-publica-en-quintana-roo/
[6] https://www.proceso.com.mx/reportajes/2017/12/16/mando-unico-policial-el-modelo-fracasado-196767.html
[7] Ibidem.
[8] https://lucesdelsiglo.com/2020/06/24/policia-reprueba-condiciones-laborales-quintana-roo-entre-los-peores-local/
