Alejandro Peza/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- La alcaldesa del municipio de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández, comentó que se está analizando un proyecto de refinanciamiento de la deuda pública ante el poco margen que se tiene de flujo económico.
Yensunni Martínez, recordó que la deuda del ayuntamiento asciende a más de 850 millones de pesos.
“Esta situación nos deja poco margen porque hasta para pedir crédito tenemos que cumplir con una calificación aprobatoria y esto nos complica el procedimiento por lo que hemos pensado en el refinanciamiento y buscar una tasa de interés más baja y que esto nos libere flujo y poder hacer frente a las necesidades del municipio”.
Yensunni Martínez dijo que hay una deuda de 350 millones de pesos por diferentes créditos financieros y 506 millones de pesos en deuda a proveedores y de retenciones de impuestos federales.
La alcaldesa, confirmó que ha sostenido reuniones con la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y se les ha reiterado que por la complicada situación económica que atraviesa el Estado, es imposible otorgar apoyos financieros extraordinarios.
“Hemos pedido apoyo y auxilio pero no adelanto de participaciones federales; sin embargo; no hay posibilidad en este momento”, manifestó.
Expuso que se analiza el proceso de recaudación propia que les permita atender el pago de siete millones de pesos por concepto de pago de nómina, sin contar con los compromisos de fin de año y los adeudos que se tiene con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Othón P. Blanco (SUTSAOPB).
“Estamos viendo el comportamiento financiero del Ayuntamiento para poder tomar una decisión”, reiteró.
En otro contexto, confirmó que han detectado nuevas irregularidades a la administración que presidió Otoniel Segovia Martínez, derivado de la revisión que realizan para conocer la situación general del Ayuntamiento.
Aunque omitió detalles al respecto, señaló que se han detectado más anomalías en el tema de obras públicas y procedimientos, que en su momento darán a conocer de manera pública.
Tras asumir funciones se disponen de un plazo de 60 días para revisar y auditar a la administración municipal saliente, en ese lapso viene una etapa de solventación o sustanciación para que los exfuncionarios municipales presenten pruebas de todas las observaciones que se hagan.
