Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
CANCÚN. – Observatorio Legislativo (OL) pidió que revisar los alcances de los programas sociales de la Secretaría Estatal de Bienestar ante el riesgo de que se convertirán en programas electoreros al aproximarse las elecciones generales concurrentes de 2024.
A través de un comunicado, OL advirtió que los programas carecen de confiabilidad y que incluso, ni siquiera están registrados en el Periódico Oficial del Estado (POE)
Al mismo tiempo, advirtió que el titular de la Secretaría del Bienestar, Pablo Bustamante, tiene un expediente penal bajo cargos de despojo, el cual sigue abierto.
A continuación, el comunicado integro:
PENDIENTES DE LA SECRETARIA DEL BIENESTAR.
CONTEXTO: En días pasados se ha estado señalando el mal uso de los programas de la Secretaría del Bienestar, incluso se ha informado que las personas y funcionarios que han hecho mal uso de ellos, se les han cancelado su registro de apoyos y se han destituido, pero además de eso se debe de proceder por parte de la Contraloría la demanda ante la Fiscalía para su determinación de las causales de delitos incurridos. Se dice que el Titular ignoraba estos hechos, solo recordemos que ha sido indiciado por mentir ante autoridades laborales y judiciales.
ANTECEDENTES: Dentro del modelo de la nueva Administración Estatal, a la Secretaría de Desarrollo Social paso a denominársele como la Secretaría del Bienestar, en un proceso de homologación de lo establecido en el sistema de la administración federal. Pero su cambio no solo es la denominación, en la designación de recursos para el año 2023 es una de la dependencias con uno de los mayores presupuestos asignado a las Secretarías: $973,838,770.00. Igualmente, se le otorgaron mayores atribuciones a su responsabilidad.
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Un programa que está siendo citado y cuestionado en los medios, por la inclusión de funcionarias de la Administración Estatal en sus registros para recibir sus beneficios es el de “MUJER ES VIDA“, cuya convocatoria fue publicada el 6 de marzo con el objetivo de “contribuir a mejorar el acceso a la alimentación de las familias beneficiadas mediante la entrega de apoyos en especie y monetarios”. De esto se comunicó que serían entregadas unas tarjetas y para ello mediante la inscripción convocada del 13 al 19 de marzo en una plataforma digital o presencial en las cabeceras municipales. De este programa se mencionó que serían 50,000 beneficiarios que recibirán un apoyo económico mensual de $1,100.00 Y/ o una despensa de alimentos, alternando un mes cada una de estas dos posibilidades.
Dato importante que se observó en su momento, es que a la semana posterior al cierre de la convocatoria, se inició en el Municipio de Benito Juárez la entrega de tarjetas, algo que causó sospecha de que el padrón seleccionado ya estaba previsto antes del cierre de la convocatoria; así como el que se emitieron tarjetas con colores partidistas de MORENA y PVEM. Un dato relevante es que este Programa no se publicó en el Periódico Oficial para su inicio.
Un requisito básico para los Programas de la Secretaría es la determinación que marca la Ley Para el Desarrollo Social del Estado de Quintana Roo de establecer las zonas de atención prioritaria que deben de estar basadas en la información generada por el CONEVAL y el INEGI, estas zonas se publicaron en el Periódico Oficial 42 Extraordinario. En él se señalan las zonas rurales y urbanas en donde se considera están ubicadas las personas en condición de pobreza y pobreza extrema, se les denomina AGEBS (Areas Geoestadísticas básicas: Urbanas y rurales). Es en estas zonas donde deben de estar ubicadas los registros de la personas susceptibles de recibir estos apoyos.
Es necesario por ello revisar los padrones de beneficiarios de cada programa y su correlación con las ubicaciones de la declaratoria de zonas de atención prioritaria, para verificar y evaluar si están llegando a los ciudadanos que requieren estos apoyos y no a militantes de partidos políticos, como en su momento denuncio el Observatorio sobre las “Ayudas Sociales” del Congreso, ya que al hacer un cruce de los nombres de los beneficiarios con los padrones del PAN se constató que se estuvieron entregando a su militantes, a pesar de no estar en condiciones de recibir beneficios, lo mismo se debe de hacer con los padrones de la Secretaría del Bienestar, para ver si están ubicados en la zonas prioritarias y ver si pertenecen a algún partido político.
También debe cumplirse con lo que señala la Ley Para el Desarrollo Social del Estado de Quintana Roo en su artículo 61 que establece que en el Sistema Estatal se debe formar la Comisión de Evaluación, que debe estar integrada por investigadores honorarios y de prestigio que tienen como objetivo coordinar la evaluación de la política social del Estado y de los Programas para que se cumplan con los objetivos establecidos de atención a los grupos más desprotegidos y el uso efectivo de los recursos presupuestados.
Lo más importante es que la política social no se convierta en una política electoral para beneficio de un grupo político y desprotegiendo a los marginados y pobres que la economía del estado ha creado en los últimos años.
Esto es especialmente importante, con los antecedentes de que su titular ha sido dirigente del PVEM y señalado por estar involucrado en el expediente FGE//QR/FEEC/CAN/162/04/2021 en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, misma carpeta que ha estado sin avances en el Estado, por la protección de la Fiscalía y de la estructura Judicial para que se determinen las responsabilidades de quienes participaron en el llamado Cartel del Despojo.
Los demandantes han proseguido los juicios en otros niveles de la Justicia Federal buscando la atracción del caso alejado del Estado y se conoce que están en una nueva etapa en donde se seguirá las acusaciones a los participantes de estos actos, como podemos observar en la caratula de la resolución del amparo que anexamos.
