Hugo Martoccia
Los hechos de inseguridad sucedidos en Chetumal y la zona sur del estado en los últimos días, que tuvieron como punto culminante el asesinato de un conocido empresario, parecen haber marcado lo que podría denominarse el inicio del fin de la “luna de miel” del Gobierno de Mara Lezama con la sociedad quintanarroense. El impacto mediático y social que tuvieron los hechos fue enorme, y allí se oyó, quizá por primera vez en este nuevo quinquenio, un reclamo sólido en contra de la gestión.
Una vez dicho eso, hay que poner las cosas en contexto. Para un gobierno, el fin del también llamado “bono democrático” no es bueno ni malo; simplemente es inevitable. El tema es cómo ese gobierno enfrenta los hechos.
Veamos dos ejemplos. Para Andrés Manuel López Obrador el fin de su bono democrático sucedió cuando vastos sectores de la clase media y media alta que lo habían votado, comenzaron a decepcionarse de sus políticas. Sucedió pasando, quizá, el primer año de gestión, y creció paulatinamente. Pero el Presidente nunca perdió su base popular, al punto de que hizo crecer a su movimiento en todo país, y que en las encuestas mantiene más del 60% de aprobación.
El otro ejemplo es el ex gobernador Carlos Joaquín. El fin de su bono democrático sucedió antes del primer año, cuando la invasión de funcionarios poblanos, primero, y luego la revelación de que los contratos a proveedores se los llevaban también a ese estado, destrozó su imagen ante los quintanarroenses, y principalmente ante los chetumaleños.
El ex gobernador ya nunca pudo recuperar su imagen, excepto en un breve lapso de tiempo durante la pandemia de Covid, y luego mantuvo una suerte de estabilidad cuando la 4T lo comenzó a proteger. Pero más allá de esa protección, es evidente que la mirada ciudadana hacia su gobierno es muy negativa.
La pregunta es saber cuál de esos dos caminos recorrerá Mara.
EL PESO MUERTO DE CJ
La fotografía que acompaña esta columna no es inocente. Uno de los problemas centrales que Mara enfrenta es la protección de AMLO a Carlos Joaquín, que hace al ex gobernador estar muy vigente en la política estatal. Y el tema seguridad, que es el que le estalló esta semana al Gobierno, es el mayor ejemplo.
La inseguridad es quizá el peor legado que dejó Carlos Joaquín. El crecimiento de la inseguridad en su gestión no tiene punto de comparación con ningún otro sexenio. Fue, literalmente, exponencial. Y en ese mundo de estadísticas desbocadas, hubo dos delitos que crecieron más aún: la extorsión y los secuestros, que hoy tienen paralizada de miedo a la sociedad.
Cualquier lucha contra la inseguridad debería empezar por un análisis certero y real de lo que había, para saber hacia donde se va. Pero lo malo es que Mara no puede decir todo eso. El manto protector que le da el Presidente a Carlos Joaquín lo vuelve inmune e impune.
El problema es incluso más grande de lo que se preveía. La protección al ex gobernador no es sólo una Embajada en Canadá y que no haya persecución judicial en su contra. Hasta ahora, el acuerdo incluye mucho más que eso: no tocar los negocios del sexenio pasado y cubrir las espaldas de sus ex funcionarios, por ejemplo.
La Fiscalía General del Estado es otro ejemplo. Óscar Montes de Oca sigue allí, a seis meses de Gobierno. En el entorno de Mara dicen que es alguien con mucha información, como una forma de explicación de porqué se mantiene en el cargo. Pero la explicación incluye en sí misma el riesgo que eso significa. Justamente esa cantidad de información es uno de los principales activos políticos que Carlos Joaquín conserva. Y no sólo en la Fiscalía, sino en muchas áreas del Gobierno.
El reclamo por esa presencia es extendido. El viernes, la gobernadora juntó a todos los alcaldes y les informó el plan de seguridad y las grandes inversiones que se harán en ese rubro para recuperar la paz. Una vez que la reunión terminó, varios de los presentes, fundamentalmente de MORENA, se preguntaron en voz baja cuándo recibirán alguna noticia sobre la Fiscalía.
“La gobernadora debe tomar muchas definiciones aún”, dijo alguien que participó de ese encuentro.
Pero todo debe decirse: la realidad también es que Mara debe cargar con “ese peso muerto” que le han encomendado desde Palacio Nacional.
AMLO Y CJ ¿ACUERDOS EN LO OSCURITO?
Acá es obligatorio hacer una digresión que incluye al Presidente. López Obrador ha dicho siempre que no hace “pactos de complicidad ni acuerdos en lo oscurito” con nadie. Pero entonces ¿cómo se explica el acuerdo con Carlos Joaquín?.
Desde 2018, cuando perdió contra la 4T, el ex gobernador se diluyó electoralmente. No tenía ninguna fuerza para oponerse al lopezobradorismo. Los neojoaquinistas dicen que su aporte a la 4T fue dividir a la oposición. Es un argumento endeble: la oposición no podía contra la 4T y la división de ese débil entramado político podía hacerse sin demasiado esfuerzo desde Bucareli o Palacio Nacional. El entonces gobernador no podía oponerse a eso, porque sabía que una pelea con el Presidente era simplemente imposible.
Aquí se dijo varias veces: no es que Carlos Joaquín no quiso competir contra la 4T para ayudar a Mara. Es al revés; como no podía competir, se unió a ese proyecto. Pero cobró carísimo “sus servicios”, que eran totalmente innecesarios para que Mara ganara.
Entonces, si sus servicios fueron innecesarios ¿Porque el Presidente le da el nivel de protección que le ha dado? Es difícil encontrar una explicación políticamente racional a eso. Quizá nunca conozcamos la verdadera razón del acuerdo entre ambos.
LOS SOSPECHOSOS DE SIEMPRE
Otra digresión que hay que hacer ante la situación que vivió esta semana el Gobierno con la inseguridad, tiene que ver con la postura del empresariado. Todas las cámaras empresariales habidas y por haber firmaron un comunicado conjunto atacando en duros términos, sin nombrarlos directamente, a Mara y a la 4T (Ver abajo).
Aquí se dijo en algún momento: Mara ha consumido casi la mitad de su agenda de estos seis meses de gobierno con esos sectores. A los hoteleros les dio 700 millones de pesos para que promocionen sus productos, y metió a todos esos organismos (profundamente anti AMLO) en los Fideicomisos que deciden y controlan el destino de cientos de millones de pesos de recursos públicos.
A cambio, la primera respuesta de ese sector fue firmarle un comunicado en su contra como nunca le hicieron a Carlos Joaquín, cuando todo este caos de inseguridad empezó. En ese sexenio fueron complacientes con la incapacidad y la corrupción.
La moraleja es evidente: la gobernadora debe reorientar sus alianzas hacia los sectores que van a ser su respaldo cuando la oposición se organice en su contra. Su gobernabilidad y su poder no se lo dan, ni se lo darán, esos sectores empresariales: se lo dan los cientos de miles de lopezobradoristas que la votaron.
El ejemplo es AMLO. Sólo el apoyo popular que tiene es lo que ha logrado que su Gobierno no se descarrile en medio de su feroz enfrentamiento con los poderes fácticos. Por eso, exigió al movimiento “no a la medias tintas” y “nada de zigzaguear”. Todos deben oír esas palabras.
2024 ¿UN LÍMITE VIABLE?
En el entorno de Mara reconocen el peso que significan para la gestión algunos acuerdos de la 4T nacional con actores locales, pero dicen que son acuerdos de gobernabilidad necesarios, y creen que el camino para zafarse de ellos debe ser gradual.
“Ella tiene muy claro a donde va, está convencida de que hay que hacer cambios profundos y los va a hacer. Esos acuerdos van a caerse en su momento”, dicen.
Explican, por ejemplo, que el propio funcionamiento de la administración requiere mantener a mucha gente en sus cargos hasta que haya cómo reemplazarlos. En el enorme y complejo entramado del estado, hay piezas claves que no pueden moverse sin correr serios riesgos. Hay quien dice que hasta la situación del Fiscal entra en ese análisis.
Dicen que más allá de algunos contratiempos, la figura de la gobernadora está muy fuerte en las calles, y que los problemas de las cúpulas no impactan allí. “Esos acuerdos de gobernabilidad son cuestionados en el círculo rojo y en la política, pero en las calles la gente apoya la 4T, y apoya a la gobernadora”, dicen.
Además, aseguran que cuando se terminen las obras emblemáticas del Gobierno Federal en el estado (Colosio, Puente Nichupte, Tren Maya) y estén en marcha los programas sociales del Gobierno del estado (serán quizá dos mil millones de pesos en las calles) la figura de Mara estará tan fuerte que arrasarán en las elecciones de 2024, y en ese momento se van a hacer de nuevo algunos acuerdos, y otros directamente no van a continuar.
Si esa es la idea, se trata de poco más de un año de tiempo en el cual la gobernadora deberá hacer cada día un arriesgado equilibrio entre el pasado, el presente y el futuro. La buena noticia es que aún cuenta con respaldo ciudadano y que no hay prácticamente oposición que la cuestione.
¿Alcanzará para cruzar esa línea imaginaria de 2024? Es difícil de predecir. Pero ojalá que sí le alcance. Quintana Roo viene de dos sexenios infames, y las expectativas y el humor social tienen niveles de tolerancia muy débiles, capaces de descarrilar en semanas cualquier proyecto político.