Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
El excandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, mencionó que hubo un error en la rendición de gastos por el periodo de precampaña y que éste fue de la dirigencia nocional de su partido. Él, dijo, había entregado un informe el 9 de enero último y el comité que encabeza Mario Delgado no lo presentó sino hasta marzo, cuando se habían agotado los plazos.
En ese contexto, Salgado, el michoacano Raúl Morón y 47 candidatos más se vieron afectados con la misma sanción, cuya causa apunta a la dirigencia de Mario Delgado; su equipo –según el propio Salgado Macedonio– era el único que tenía acceso al sistema de fiscalización.
El escrito del guerrerense confirmaba la existencia de actos y actividades de proselitismo en el periodo de precampañas, lo que por otra parte evidenció una falla en la estrategia de defensa del partido de la que tomó nota el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuando el 27 de abril pasado resolvió la pérdida de registro para los dos candidatos porque de manera deliberada y dolosa negaron que hubo precampaña.
Más allá de las descalificaciones al Instituto Nacional Electoral (INE) y al TEPJF, proferidas tanto por el presidente Andrés Manuel López Obrador como por Mario Delgado –quienes respectivamente han anunciado la realización de una reforma electoral que implica el fin de ambas instituciones–, Morena se ha convertido en el partido con la militancia más litigiosa de México: acumula 88 procesos pendientes por resolver sólo en lo que va de 2021.
Una revisión a la lista de casos en instrucción del TEPJF refleja que, siendo un partido cuya dirigencia descalifica a los órganos de justicia electoral, tiene una militancia que se acoge a las instituciones para controvertir acciones y decisiones de los órganos partidarios.
De los 88 procesos en curso, 68 tienen como quejosos a sus propios militantes, 11 son por acciones oficiosas de los órganos electorales, tres son por quejas de sus aliados (PVEM y PT) y el resto por quejas de sus opositores.
Entre los 68 casos internos hay de todo: desde la demanda por desconocer a la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) y, por lo tanto, todos los acuerdos que ha tomado, hasta una veintena de pleitos de cancelación de registro de candidatos a diputados plurinominales.
También hay asuntos por errores básicos, como el de incumplir con el derecho de audiencia o por no responder comunicaciones a quienes, habiéndose registrado como aspirantes a un cargo de elección popular, presuntamente cumpliendo protocolos, ni siquiera se les informó si fueron aceptados.
Hay numerosos casos por la simulación del cumplimiento de acciones afirmativas y otros vicios en los procesos de insaculación, e incluso existe una queja que llegó a la Sala Superior por no sacar del padrón a un ciudadano que renunció a su militancia.
Con información de Proceso
