Agencias
CHETUMAL.- El despido de las funcionarias que estaban indebidamente inscritas en programas sociales fue la única acción disciplinaria que tomará el Gobierno del Estado, reveló Reyna Arceo Rosado, secretaria de la Contraloría del Estado, quien descartó que estas servidoras públicas sean inhabilitadas.
En entrevista, la contralora aceptó que estas ex funcionarias pudieran ser contratadas en otras áreas de gobierno en un futuro, ya que no hay impedimento para ello, aunque el que lleguen a otro cargo público dependerá “de la actitud que ellas vayan a tomar para seguir trabajando”.
“Se les dio de baja por el aspecto de la ética, pero no se les está inhabilitando”, declaró. “La inhabilitación es un proceso que tarda de un año a dos años, lo que se aplicó fue la pérdida de confianza”.
Resalto que el perder el trabajo fue la sanción que se aplicó a estas funcionarias que cobraban recursos de los programas federales, lo que, según dijo, “servirá de lección” para los servidores públicos.
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En total, cinco funcionarias fueron detectadas como beneficiaria del programa “Mujer es Vida”, pese a que algunas percibían un salario de cerca de 36 mil pesos mensuales.
DENUNCIAS
Por otra parte, Arceo Rosado indicó que la Fiscalía General del Estado investiga 35 trabajadores públicos por denuncias de abuso sexual y laboral, los cuales ya fueron separados de su cargo en tanto se determina si incurrieron en alguna responsabilidad.
En este sentido, comentó que estos trabajadores, pese a estar bajo investigación, siguen percibiendo su salario base, pero sin prestaciones ni compensaciones.
Aclaró que entre los denunciados no se encuentran funcionarios de primer nivel, y una vez que finalicen las investigaciones podrán regresar a su fuente de trabajo en caso de ser absueltos de los cargos.
