Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
Ciudad de México — El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) iniciaron un proceso administrativo contra el arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, investigador de amplia trayectoria y reconocimiento pero también crítico de la construcción del Tren Maya.
La medida busca sancionarlo por presuntas infracciones a la normativa del INAH, luego de sus denuncias sobre la destrucción de vestigios arqueológicos en áreas afectadas por el proyecto ferroviario.
El procedimiento contra Cortés de Brasdefer se inició tras levantarse dos actas administrativas en su contra en mayo y junio de 2023. Más tarde, el 11 de octubre, el Órgano Interno de Control del INAH, bajo supervisión de la SFP, le envió una citación para comparecer el 5 de noviembre, donde deberá presentar pruebas y su declaración, ya sea verbal o escrita, en defensa de las acusaciones que se le imputan.
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En entrevista, el arqueólogo explicó que las acusaciones giran en torno a que recorrió sin permiso áreas del Tren Maya, divulgó información confidencial y expuso presuntamente al personal de oficinas locales del INAH a situaciones de riesgo.
Sin embargo, Cortés de Brasdefer sostuvo que la verdadera causa de la sanción es su postura pública, a través de entrevistas y textos, donde ha denunciado la supuesta destrucción de patrimonio arqueológico y el saqueo que ha observado en el proyecto.
El Consejo de Arqueología del INAH ha señalado que Cortés de Brasdefer emitió declaraciones “imprecisas” que, según argumentan, “desinforman al público” y afectan la reputación de los equipos de trabajo del INAH en el proyecto. Un comunicado emitido por el Consejo el 17 de agosto (no. 706) cuestiona que el arqueólogo difundió sus opiniones entre colegas y en redes sociales, lo cual, sostienen, contraviene las Condiciones Generales de Trabajo del INAH.
Ante las imputaciones, Cortés de Brasdefer defendió su experiencia de 45 años en el área de salvamento arqueológico y denunció una campaña de desprestigio en su contra, donde, afirmó, “me atacan como si fuera un terrorista”. Asimismo, sostuvo que el Consejo y otros funcionarios del INAH han hecho uso de redes sociales para desacreditarlo.
El investigador, acompañado por su sindicato y miembros de la comunidad académica, prevé acudir a la audiencia el próximo 5 de noviembre. “Si tienen pruebas de lo que me acusan, que las presenten. Es momento de aclarar si yo miento o el director del INAH, Diego Prieto, miente”, enfatizó.
La situación ha causado preocupación en el ámbito académico y cultural, donde algunos expertos consideran que este tipo de sanciones podría limitar la libertad de expresión y la denuncia de posibles irregularidades en proyectos de gran escala como el Tren Maya, que ha enfrentado críticas tanto nacionales como internacionales por su impacto ambiental y cultural.