¿Quién lo diría?
El jefe de la Policía Estatal, Alberto Capella, se convirtió en el “implementador” de la Ley Borge.
Dicha Ley, obligaba a un registro de periodistas. Pero esta norma fue desechada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras un recurso presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Pero, Capella, a propósito de la contingencia por el COVID-19, ha generado una especie de registro de medios.
En su catálogo de actividades esenciales, le dio “chance” a los medios, pero condiciona un registro ante, al parecer, la Secretaría Estatal de Seguridad Pública (SESP).
No solo lo envidiaría Borge, sino hasta los regímenes de China y Corea del Norte.