Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- Las malas noticias financieras se acumulan y anticipan un duro cierre de sexenio para Carlos Joaquín, y, lo que es peor, un pesado lastre para la siguiente administración.
Como ya lo publicó La Opinión, el 23 de junio la calificadora Fitch Ratings le bajó la nota a toda la deuda del estado por los créditos de corto plazo que pidió el Gobierno estatal.
Y dos días más tarde, el 25 de junio, la calificadora HR Ratings presentó los números de la situación financiera del estado, y es realmente es preocupante.
El informe dice:
Al cierre de 2020, la Deuda Directa Ajustada (DDA) ascendió a P$21,561.6m, compuesta por P$18,677.9m de deuda estructurada a largo plazo, distribuida en ocho créditos bancarios y P$2,071.9m de deuda a corto plazo. Adicionalmente, se cuenta con una deuda respaldada por bono cupón cero por P$262.9m.
Esos más de 21 mil 500 son una cifra récord, que pone a Quintana Roo en una situación muy complicada.
Y allí no se incluye aún el nuevo crédito de 820 millones que el Congreso le autorizó a Carlos Joaquín, y que tiene como base de pago el FAFEF.
Eso significa que el estado ya no solo tiene comprometido el Fondo de Participación para el pago de deuda, sino también el FAFEF.
SE TRIPLICAN PAGOS ANUALES POR DEUDA
Pero la situación más compleja es la inmediata. Los pagos de deuda para 2021 son tres veces mayores a los de 2017, el primer año de la gestión de Carlos Joaquín.
O sea, los pagos por servicios se triplicaron durante este sexenio.
En 2017 se pagaban 1772 MDP por servicio de deuda, y a fin de 2021 se deberán pagar 5272 millones. 3500 millones de pesos más que al inicio del sexenio.
Ese monto sale de los 3092.9 millones que se deben pagar de la deuda de largo plazo, y los 2179.1 millones de la deuda de corto plazo, que se pidió en 2020 y que vence en noviembre.
La única forma de no pagar esta última deuda sería estirando los plazos, lo que sería una forma de patear el problema para que lo afronte la próxima administración.
A todo eso hay que sumarle los alrededor de 1700 millones de pesos que se deben a proveedores, contratistas y acreedores diversos, y ahí está la tormenta perfecta.
Para tener una idea de lo que significan todos estos números, es bueno destacar que para obra pública en 2021 sólo se destinarán 662 millones de pesos, casi 9 veces menos de los que se gastará en deuda.
El año pasado, a obra publica fueron 509 millones y en 2019 736 millones.
Por lo que se ve, esta administración de Carlos Joaquín, como la de Roberto Borge, dejará una deuda monumental como herencia.
Con información de la Opinión de Quintana Roo