Agencias
PLAYA DEL CARMEN.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) responsabilizó a su antecesora en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León y a su entonces titular, Julia Carabias Lilo de impacto al subsuelo de la zona norte de Quintana Roo propiciado por la empresa Calica.
En un comunicado, al abundar sobre este tema, la Semarnat señaló que los daños registrados en el subsuelo de esa zona del norte de Quintana Roo evidencian una “responsabilidad ineludible” de la entonces Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) que autorizó la actividad del citado consorcio minero.
“Además, resulta incongruente manifestar que se vela por la protección de los recursos naturales, a través de condicionantes a una actividad cuyo desarrollo es irreparable en términos ambientales”, añadió.
En una lista de precisiones, la Semarnat recordó que en 1986 fue realizada la firma de un Acuerdo que autorizó la explotación del predio La Rosita (mil 200 hectáreas) a través del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Manuel Camacho Solís (+).
También, el gobernador de Quintana Roo, Pedro Joaquín Coldwell, y la empresa, representada por Gilberto Borja Navarrete.
“Actualmente, este es el predio más impactado ambientalmente”, aseguró la dependencia federal.
“Si bien es cierto que el proyecto contó desde 1996 con autorización del gobierno estatal para su desarrollo en los predios La Adelita (882.13 hectáreas) y El Corchalito (369.30 hectáreas) con un total 1,251.43 hectáreas, fue bajo la titularidad de Julia Carabias en la Semarnap que se permitió la actividad minera por debajo del manto freático.
“Esto, a diferencia de los permisos anteriores, lo que consintió el aprovechamiento de siete hectáreas anuales de roca caliza (140 hectáreas en 20 años) a la empresa”, explicó.
Esta autorización, recordó la Semarnat, se realizó el 30 de noviembre de 2000, último día de gestión del presidente Ernesto Zedillo y de la secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Julia Carabias.
También destacó que en ese mismo mes fue otorgado el 23 por ciento de las autorizaciones de todo 2000.
Añadió que, como señaló en el comunicado de prensa de fecha 3 de febrero de 2022, la minería debajo del manto freático representa la pérdida definitiva e irrecuperable del subsuelo, afectaciones a los acuíferos y a los ecosistemas, entre otros elementos que, aunados a los impactos previos en la superficie por la minería a cielo abierto que destruyó la flora y la fauna, han representado un daño insalvable a la zona.
Por otro lado, la modificación que el Gobierno del Estado hizo en 2009 a su plan de ordenamiento ecológico fue para no permitir ese tipo de actividades extractivas en la zona, lo que pone en evidencia el conocimiento de que la autorización fue en detrimento del medio ambiente.
Asimismo, la conciencia de que las responsabilidades al emitir autorizaciones de tal tipo trascienden en el tiempo y van más allá de lo que en el papel registran, pues sus efectos son directos en el territorio.
Actualmente, recordó la Semarnat, el Estado Mexicano hace frente a un arbitraje internacional para detener estas prácticas que ponen en riesgo el patrimonio natural de los mexicanos y atentan contra el derecho a un medio ambiente sano para esta y las futuras generaciones.
