Mario A. Millán Cabrera/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- En un intento por poner un alto a las agresiones de taxistas a operadores de plataformas digitales, la secretaria general de Gobierno, Cristina Torres Gómez, hizo un nuevo llamado a la civilización y al orden a las organizaciones y sindicatos que ofrecen el servicio de transporte público.
En su comparecencia ante diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales para ampliar el informe de la gobernadora Mara Lezama, la encargada de la política interna del Estado aseguró que nada ni nadie está por encima de la ley y las agresiones a terceros se pagarán con cárcel y sanciones administrativas.
De hecho, Torres Gómez dijo que el Instituto de Movilidad de Quintana Roo ya se ha hecho cargo de las sanciones que están enmarcadas en la ley y que establecen rescisión de concesiones y cancelación de licencias de conducir a operadores transgresores de la ley, independiente de las acciones legales que correspondan.
Cristina Torres llegó puntual a su cita con los legisladores de la Comisión de Puntos Constitucionales, a quienes amplió la información que contiene la glosa del primer informe de la gobernadora Mara Lezama y que habla de avances en materia de seguridad, derechos humanos, protección civil, registro público, archivo general, registro público, atención a niñas, niños y adolescentes, cultos religiosos y del protocolo de búsqueda de personas.
En la sesión de preguntas y respuestas, la diputada Cinthya Millán Estrella cuestionó a la secretaria de Gobierno sobre el tema de la controversia constitucional que existe con Campeche y cómo piensa atender el rezago social de la zona limítrofe.
“El documento que establece las acciones a seguir en este caso ya tiene el visto bueno de la Secretaría de Finanzas y Planeación, únicamente se espera el proceso de su publicidad por una sola razón, recordemos que el procedimiento de la controversia está en situación para sentencias, es decir, ya se concluyó el periodo de pruebas de alegatos, tú lo conoces perfecto porque nos has estado acompañando en los procedimientos, y lo que no queremos es generar un motivo de amparo, porque eso si es un acto de gobierno, el Programa Regional de la Zona Limítrofe”, respondió la compareciente.
Dijo estar segura de que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será en favor de Quintana Roo para aplicar este Programa Regional de Zona Limítrofe que, por primera vez, se pondría en marcha en el Estado en un área que tiene un rezago social importante.
Por otra parte, ponderó las relaciones con el Poder Legislativo, lo que ha permitido construir el andamiaje jurídico que permiten garantizar la paz y la seguridad que establece el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y el Desarrollo de Quintana Roo, eliminando al mismo tiempo la soberbia tradicional de los gobiernos de antaño y la borrachera eterna de su triunfo.
