Por Martín G. Iglesias
La Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), publicó un artículo donde habla sobre “la represión política en las entidades federativas” (Estados), que me resulta interesante compartir con usted, porque retrata lo que algunos luchadores sociales y periodistas sufren de continuo.
“La represión estatal se concibe en la literatura especializada como la aplicación o la amenaza de la fuerza con menor o mayor letalidad por los gobiernos contra sus adversarios reales o potenciales con el propósito de someterlos a su voluntad (Henderson, 1991); como la acción regulatoria del gobierno contra aquellos que desafían el poder del Estado (Davenport, 1995).
Como un conjunto de actividades que violan el derecho a la integridad física (Rivera, 2012) que se desagrega en: ‘acoso; arresto arbitrario; asesinatos en masa; asesinato político; desaparición forzosa; detención arbitraria; discriminación de derechos civiles y políticos; ejecución extrajudicial; encarcelamiento; tortura; prohibiciones y vigilancia-espionaje” (Davenport 2007a, 2007b; Henderson, 1991; Poe y Tate, 1994; Apodaca, 2001; Regan y Henderson, 2002; Wood y Gibney, 2010; Rivera, 2012)”.
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Pero para que una represión política o coartar la libertad pueda darse, es necesaria la “colaboración” de los tres Poderes del Estado, porque la mayoría de los actos son propuestos por el Ejecutivo, legalizados por el Poder Judicial y aprobados por el Legislativo. Esto sucede porque no hay equilibrio en estos poderes, así que están alineados y supeditados al Poder que maneja y distribuye el dinero, el Ejecutivo.
Históricamente en Quintana Roo no ha existido la división de poderes, solo ha sido un discurso que a los políticos le gusta usar; cuando el pueblo por medio del voto trató de instaurarlo en el 2019, al otorgar a la oposición del gobierno de Carlos Joaquín González, 15 diputados; no faltó quien sucumbiera a las mieles de poder y cambiara al partido oficial de ese entonces, como fue el caso de la diputada morenista Reyna Durán Ovando.
Hoy, pareciera ser que hay un mensaje implícito en la detención de un político por aspirar a una presidencia municipal; “esto le puede pasar a aquellos que se oponen al régimen oficial”. Si ese fuera el sentido, estamos ante una represión política en toda la extensión de la palabra.
Otra forma de impedir que una persona dedicada a la política participe en un proceso electoral, es armarle expedientes y judicializarlos; pero antes los altos funcionarios del gobierno lo llaman para decirle algo así, “o te retiras de la contienda o te aplicamos la ley, aquí están tus expedientes”. Pero si son aliados, estas personas políticas nunca tocarán la cárcel, pues tienen sus expedientes, pero serán archivados.
La represión política y coartar la libertad de expresión fue una característica de los gobiernos neoliberales, que afectó al País, el Estado y el Municipio durante 33 años; la promesa de estos gobiernos que se dicen de izquierda es acabar con esas prácticas que dañaron tanto a la sociedad. Ahí se las dejo…
SASCAB
Ayer inició el segundo periodo de sesiones del segundo año de ejercicio de la XVII Legislatura, un tema a destacar es que el asunto de revocar la concesión del agua potable, saneamiento y alcantarillado a Aguakan, todavía está vigente y toma fuerza.
La Comisión Especial está integrada por Humberto Aldana Navarro, presidente; Elda Xix Euán, secretaria; vocales, Yohanet Torres Muñoz, Leticia Padilla Medina y Andrea del Rosario González Loría (sustituye a Julián Ricalde).
A partir de ahora, la Comisión tendrá “garras y dientes” para ampliar el objeto a investigar el seguimiento y atención de los temas referentes a las concesiones otorgadas a la compañía Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. “Aguakan”. O sea que podrán exigir la documentación correspondiente, tanto a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capa) como a particulares. Al tiempo…
