Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
CANCÚN.- El Ayuntamiento Benito Juárez aprobó, en sesión extraordinaria y privada de Cabildo, iniciar el proceso de revocación de concesión de manejo del relleno sanitario, a la empresa Promotora Inmobiliaria Majahual S.A de C.V. (PIMSA), por el mal manejo del área de destino y manejo final de la basura en Cancún.
Mediante un acuerdo de Cabildo, el gobierno municipal estableció dos puntos a seguir, dentro de la sesión que sirvió para tener una mayor claridad en el tema del manejo de la basura.
El primero acuerdo decreta el inicio del procedimiento de rescate del servicio concesionado a favor de la persona moral Promotora Inmobiliaria Majahual, S.A. de C.V. Este punto ha sido ya considerado como primordial.
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Lo anterior se debe a que existen elementos suficientes que comprueban la contaminación de los mantos freáticos y el derrame de lixiviados, por lo cual es urgente encontrar una solución a esta crisis ambiental.
El segundo punto es el darle a la empresa concesionaria un término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del presente acuerdo, para que de considerarlo necesario, comparezca al procedimiento de marras con el fin de que manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca los medios de prueba que estime oportunos.
Cabe señalar que la sesión de Cabildo se llevó a cabo la noche de este miércoles, bajo el carácter de privada, debido a la gravedad de la situación y el entorno legal de sigilo que se debe de llevar a cabo.
De hecho, esto se argumenta en el articulo 51 del reglamento de sesiones de cabildo, cuyo inciso uno dice textualmente que:
“Las sesiones privadas se celebrarán a petición del presidente municipal o la mayoría de los miembros del Ayuntamiento, cuando existan los elementos suficientes para ello”.
Y agrega:
“Por la naturaleza de los asuntos a tratar, exija reserva y los integrantes del Ayuntamiento consideren conveniente la presencia exclusiva de sus miembros”.
En este punto, al registrarse incumplimiento de contrato de concesión y el daño ambiental ya confirmado, era importante evitar que la empresa concesionaria pudiera enterarse de la situación y ampararse legalmente.
Con información de La Opinión de Quintana Roo
