Por Max Torres/NOTICARIBE PENINSULAR
CANCÚN.- Durante cinco meses de pandemia por COVID-19, el Gobierno de Quintana Roo ha ejercido alrededor de 900 mil pesos para la adquisición de bienes y servicios dentro del sector Salud, aunque no es sencillo desglosar cada uno de los contratos, señaló en un informe la asociación civil Transparencia Mexicana.
El mecanismo conocido como #SusanaVigilancia da seguimiento a planes, programas, recursos y acciones, para identificar contratos y adquisiciones de los gobiernos estatales en el marco de la emergencia sanitaria, sus efectos económicos y sociales.
El reporte incluye a los 32 estados de la República, de los cuales 19 -incluidos Yucatán y Campeche- continúan sin publicar en micrositios la información sobre los recursos públicos ejercidos a través de contratación de bienes o servicios en sus páginas oficiales de coronavirus.
La AC precisó que las 13 entidades federativas que sí cuentan con la información acumulan en conjunto 8 mil 168 millones 902 mil 108 pesos con 14 centavos.
Es decir, Quintana Roo representa 1% de ese total.
Transparencia Mexicana detalló que la administración de Carlos Joaquín González lleva invertido 907 mil 672 pesos a lo largo de la contingencia sanitaria; dinero que sirve para reforzar el sistema de Salud pública.
Sin embargo, con los datos abiertos de Quintana Roo no es sencillo desglosar cada uno de los contratos de compra.
Esto significa que no puede visualizarse el total de adquisiciones en un solo archivo, ni tampoco que todas las dependencias suban la información necesaria.
“La o el usuario puede identificar el monto total de adquisiciones, mas no identificar de manera sencilla el desglose de cada uno de los contratos”, puntualizó.
Transparencia Mexicana explicó que los datos abiertos deben contar con una serie de características.
“Se entiende por datos abiertos a los datos accesibles en línea con las siguientes características: accesibles, integrales, gratuitos, no discriminatorios, oportunos, permanentes, primarios, legibles por máquina, en formatos abiertos y de libre uso”, apuntó la AC.
Transparencia Mexicana acotó que la publicación de los datos no es optativa, sino está includia en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, en su Artículo 70, fracción XXVIII.
“La publicación de las adquisiciones y obras no es optativa. Es una obligación señalada en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información”, recordaron las organizaciones.
En el reporte también participa el despacho de abogados Tojil.
La investigación puede consultarse en el siguiente enlace: https://bit.ly/3fkxVOF.