CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Gobernación (Segob) involucró al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en la presunta ejecución extrajudicial del ciudadano Giovanni López, quien fue detenido por policías del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, presuntamente por no utilizar cubrebocas, y apareció muerto horas después.
“El hecho se da en el contexto de las medidas restrictivas implementadas por el gobernador de Jalisco para hacer frente a la pandemia (de COVID-19), que incluyen el uso de la fuerza pública y que llevó a la comisión de abusos por parte de la autoridad”, subrayó la dependencia, aludiendo al gobernador del partido Movimiento Ciudadano.
Y dio a conocer que, de acuerdo con información proporcionada por familiares de la víctima, “los elementos ministeriales se llevaron detenido a quien identificaron como trabajador de la construcción y que al día siguiente fue reportado como fallecido”.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, también condenó que, según un video que circula en redes sociales, una persona en situación de calle haya sido detenida en Tijuana, Baja California, y falleció supuestamente en custodia de la policía municipal, el pasado 28 de febrero.
“Ante la presunta ejecución extrajudicial y clara violación a los derechos humanos en ambos casos, esta Subsecretaría condena los hechos en los que se recurre a la fuerza pública para hacer cumplir las medidas preventivas por la pandemia o ante la detención arbitraria que afecta a la población, particularmente a las personas más vulnerables”, subrayó Encinas.
En el caso de Jalisco, tras la difusión masiva del video en el que se aprecia la detención del trabajador de la construcción, que al día siguiente apareció muerto con señales de tortura y un balazo en un pie, el gobernador Enrique Alfaro ordenó una investigación.
A través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, la Secretaría de Gobernación solicitó información de las carpetas de investigación por el probable uso excesivo de la fuerza pública en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, y Tijuana, Baja California.
Encinas destacó que, ante el establecimiento de las medidas sanitarias a causa del SARS CoV-2, se requiere un ejercicio de responsabilidad colectiva para proteger la salud pública, y refrendó que las autoridades de todos los órdenes de gobierno tienen el deber de garantizar las condiciones para que éstas se lleven a cabo, protegiendo en todo momento los derechos de las personas.
El subsecretario conminó a las autoridades estatales y municipales a no caer en acciones de intolerancia. “No se deben fomentar discursos discriminatorios basados en prejuicios y estereotipos, por lo que exigimos desde esta subsecretaría a la autoridad judicial esclarecer ambos casos y llegar hasta los responsables de estos lamentables hechos”, recalcó.
Con información de Proceso