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Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- Los diputados Hugo Alday, María José Osorio y Guillermo Brahms promovieron la iniciativa de Ley para endurecer las sanciones para aquellas personas que conduzcan bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia que perturbe los sentidos.
Guillermo Brahms indicó que “se modifica el Artículo 186, un tipo penal ya existente pero antes sancionado únicamente con multa. Mis compañeros entienden y son conscientes y por unanimidad se aprueba cambiar la forma de sancionarlo de seis meses a 2 años, poniéndole pena corporal a esta conducta tan peligrosa”.
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En voz del diputado Alday “con esto lo que buscamos es evitar que se sigan generando daños por consumo de cualquier droga, estupefaciente, psicotrópico o en su caso alcohol con la finalidad de preservar la vida”.
En este sentido, se propone aumentar las penas de seis meses a dos años de prisión y de cien a doscientos días multa, además de la sanción correspondiente al delito cometido. También se propone que se realice un examen clínico a cargo de un médico legista para determinar el estado de ebriedad de los conductores.
Asimismo, se plantea aumentar las penas de uno a cuatro años de prisión cuando el delito sea cometido por conductores de transporte escolar, público de pasajeros o de carga mientras están prestando servicio.
“Se adicionan también vehículos eléctricos, no solamente de combustión, para que aquellas personas que conduzcan este tipo de vehículos bajo influjos del alcohol, de psicotrópicos, estupefacientes y cualquier producto volátil no puedan causar daños a terceros, lesiones e incluso homicidio imprudencial; se están ampliando hasta el doble las penas” informó el presidente de la Comisión de Justicia.
El consumo de alcohol es un problema de salud pública que afecta cada vez más a las mujeres y a los adolescentes. Por lo tanto, se enfatiza en la necesidad de implementar medidas para promover la salud, modificar la cultura de embriaguez y fomentar el consumo responsable.
Conducir bajo los efectos del alcohol representa un riesgo para la seguridad vial y viola el derecho humano a la movilidad. Por ello, es importante observar que este delito transgrede de forma importante la seguridad de peatones al momento de transitar por las calles y vías de comunicación, así como para las demás personas conductoras de vehículos motorizados y no motorizados, propiciando en muchas ocasiones daños a la propiedad de las personas, lesiones graves, e incluso la muerte.