Mario A. Millán Cabrera/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- La XVII legislatura del Congreso del Estado insiste en seguir “parchando” una Ley de Movilidad que desde el principio se gestó “mocha”, aun cuando el director del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), Rodrigo Alcázar Urrutia, ya informó a los diputados que él trabaja en un anteproyecto que está costando al erario público la nada despreciable suma de 11 millones de pesos.
El diputado carrilloportense José María “Chema” Chacón Chablé, presidente de la Comisión Ordinaria de Movilidad, puso a discusión una nueva reforma a la ley en la materia, a fin de hacer partícipe a la población las decisiones gubernamentales con la incorporación o creación del Observatorio Ciudadano que estaría integrado por todos los sectores sociales; sin embargo, sería presidido por entes burocráticos como el Imoveqroo.
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De hecho, “Chema” Chacón y su equipazo de legisladores que lo acompañan en esta tarea avalaron la reforma de manera interna, pero la propuesta no pudo ser aprobada (al menos el dictamen) cuando fue presentada en comisiones unidas, así que el proyecto fue remitido nuevamente a revisión de la secretaría técnica legislativa, pues algunos aspectos legaloides no cuajaban con el sentido de la ley y de lo que se persigue con ella.
Según el diputado Chacón, el Observatorio Ciudadano, que todavía está en gestación, serviría para que la sociedad misma, incluyendo sindicatos, organizaciones, taxistas, plataformas digitales y cualquier simple mortal pudiera presentar o externar propuestas e ideas que pudieran enriquecer la incompleta Ley de Movilidad de Quintana Roo.
Las propuestas ciudadanas serían atendidas directamente por el Imoveqroo que apenas puede con los trámites para la expedición de licencias de conducir para operadores del transporte público y privado.
En su reciente comparecencia ante legisladores de esta comisión, Rodrigo Alcázar, el titular del Imoveqroo, se atrevió a comentar que la Ley de Movilidad nació mocha y que el gobierno del Estado había contratado los servicios de una empresa para la elaboración de una nueva ley, una que sí esté completa y que está costando 11 millones de pesos; sin embargo, los diputados insisten en seguir proponiendo reformas a la misma normatividad.
