Mario A. Millán Cabrera/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- Ante la falta de interés del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) de darle seguimiento a la designación del magistrado que debió relevar desde hace diez meses a Víctor Vivas Vivas, tras concluir su periodo en ese órgano colegiado, el diputado presidente de la Comisión de Justicia, Hugo Alday Nieto, ha propuesto a la XVII Legislatura del Congreso del Estado suscribir un acuerdo para exhortar al pleno y a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para que concluya el proceso de elección de esa vacante que permanece acéfala desde el 9 de diciembre de 2022.
El asunto salió a relucir en la pasada comparecencia del magistrado presidente del Teqroo, Sergio Avilés Demenegui, quien luego de ser severamente cuestionado por legisladores, este responsabilizó a la cámara alta del Congreso de la Unión por no darle seguimiento al caso, aunque es de todos conocido que ese espacio lo adjudicó prácticamente de manera directa, según sus facultades, a Maogany Crystel Acopa Contreras, quien se desempeñaba como secretaria general de ese órgano electoral.
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Acopa Contreras no entró como magistrada supernumeraria sino directamente como titular con todas las atribuciones de ley, asunto que fue motivo de polémica entre el magistrado Avilés y la magistrada Claudia Carrillo Gasca, quien en ese entonces se opuso porque no era un año electoral y no había asuntos que atender, independientemente de que Maogany apenas tenía cuatro meses en la secretaría general.
El 12 de diciembre del año pasado, Avilés Demenegui notificó al presidente de la Cámara de Senadores, Alejandro Armenta Mier, la vacante definitiva de la magistratura de ese tribunal; sin embargo, el caso quedó ahí.
No fue hasta su comparecencia cuando a propuesta de Hugo Alday, el magistrado accedió a que el Congreso del Estado interviniera en el asunto que ya tiene 10 meses sin respuesta.
De acuerdo con Alday Nieto, el Teqroo actualmente no cumple con las características legales necesarias, lo que hace que sus determinaciones vulneren los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad como rectores de la materia electoral.
La propuesta del legislador es de obvia y urgente resolución y se da a pocos meses de tres meses de iniciar el proceso electoral del 2024.
