Mario A. Millán Cabrera/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.— En una fugaz sesión de mero “compromiso” legislativo, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado aprobó su Plan Anual de Trabajo 2023-2024 que, de manera general, contempla escuetamente el análisis de iniciativas con base en la normatividad aplicable y en virtud de convenios y tratados internacionales suscritos por el gobierno mexicano.
En apenas 10 minutos, los diputados Guillermo Brahms González, Silvia Dzul Sánchez, Maritza Basurto Basurto y Julián Ricalde Magaña, finiquitaron el único asunto que los distrajo de su desayuno de las 9:20 de la mañana.
En ningún momento se dieron a conocer los pormenores del plan de trabajo, en el que se esperaban los detalles del proceso de designación de la persona que se hará cargo de la titularidad de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo (Cdheqroo) que se mantuvo suspendida por casi dos años a causa de un recursos legal; sin embargo, los tribunales dieron visto bueno para que la legislatura actual continúe con ese asunto.
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Tampoco hubo claridad en los avances o continuidad en el análisis y estudio de la iniciativa de Ley de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y a Periodistas que permanece intacta desde la legislatura anterior y que en la actual solamente se leyó para enviarla nuevamente a la “congeladora” legislativa.
Escuetamente se dijo que el dichoso plan de trabajo está enfocado a promover reformas, coordinar reuniones de trabajo con funcionarios de los tres órdenes de gobierno, fortalecer el marco normativo y coordinar encuentros con la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo que, se encuentra prácticamente acéfala.
Lo que quedó completamente claro es que la Comisión de Derechos Humanos tiene 17 iniciativas de ley pendientes de análisis, de las cuales 14 se encuentran en comisiones unidas; también registró 18 vistas de la Cdheqroo, con respecto al cumplimiento e incumplimiento de las recomendaciones emitidas.
