Alejandro Peza/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- El hijo del senador José Luis Pech Várguez, líder de Movimiento Ciudadano en Quintana Roo, enfrenta un segundo proceso penal, por presuntamente estar vinculado con la contratación ilegal de más de 77 millones de pesos en la denominada “Estafa Maestra”.
Se trata de José Luis Pech Galera, quien fue vinculado a proceso por el juez de control Luis Benítez Alcántara, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, por el presunto delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
José Luis Pech Galera se desempeñó como rector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQR) y fue procesado por primera vez en febrero de 2022, debido a un convenio firmado con la Sedatu el 29 de septiembre de 2015, en el que la dependencia pagó a dicha institución 20 millones 100 mil pesos.
Los hechos que se le imputan están relacionados con un convenio del 29 de septiembre de 2015 para que la UPQR elaborara un diagnóstico para integrar un sistema de información consolidado en la Sedatu y sus órganos desconcentrados.
En total la UPQR recibió 77 millones de pesos, pero la Auditoría Superior de la Federación detectó que Pech manifestó falsamente tener la capacidad técnica y humana para atender el contrato.
La realidad fue que subcontrató el 100 por ciento de los servicios con 8 empresas, una ilegalidad aparente si se considera que la Ley de Adquisiciones sólo permite subcontratar el 49 por ciento del total.
Además 5 de las 8 empresas eran “factureras”, pues no fueron localizadas en los domicilios y las empresas pulverizaron los depósitos mediante transferencias a otras cuentas.
Junto con el hijo del ex candidato a la gubernatura de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano, fueron vinculados a proceso otros cuatro exfuncionarios: José Antolino Orozco Martínez, exjefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional; Marcos Salvador Ibarra Infante, exdirector adjunto de la Unidad de Coordinación de Delegaciones.
Además de Javier Arrambide Olvera, director de Operación de Programas de Delegaciones e Información Estratégica, y José Luis Sánchez Buendía, director de Proyectos Estratégicos, todos ellos de la Sedatu.
Orozco Martínez e Ibarra Infante están acusados de haber realizado una contratación indebida con recursos públicos, mientras que Arrambide Olvera y Sánchez Buendía habrían promocionado autorizaciones de contenido económico.
