Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
NUEVO LAREDO.- Cuatro miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron imputados por la Fiscalía General de la República (FGR) debido a su presunta responsabilidad en la muerte de cinco jóvenes ocurrida en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ocurrido el pasado 26 de febrero.
Los hechos fueron informados durante el lunes 10 de abril tras una audiencia que comenzó poco antes de las 11:00 de la mañana y terminó a las 2:21 de la tarde. Los miembros del Ejército fueron identificado como Bernardo “N”, Agustín “N”, Jorge Nicolás “N” y Juan Carlos “N”.
A los uniformados se les determinó la medida de prisión preventiva oficiosa en el Campo Militar 1 de la Ciudad de México. Los militares solicitaron la duplicidad del plazo constitucional, el medio Milenio informó que la audiencia está pactada para reanudarse el próximo miércoles 12 de abril.
Qué sucedió en Nuevo Laredo
Durante la madrugada del 26 de febrero de 2023 los miembros de la Sedena se encontraba realizando labores de reconocimiento cuando escucharon detonaciones y se acercaron al lugar de donde venían. Posteriormente observaron un vehículo que iba a exceso de velocidad y que trató de evadirlos
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En la unidad tipo pick up, la cual no tenía placas y no tenía luces, iban siete jóvenes. Según el informe oficial de la Sedena dicho vehículo se estampó con otro estacionado por querer evadir a las autoridades.
“De esta situación, al escuchar un estruendo, el personal militar accionó sus armas de fuego; suceso que actualmente diversas autoridades se encuentran investigando para determinar la veracidad de los hechos”, se pudo leer en in comunicado del Ejército compartido el pasado 28 de febrero.
El resultado fue la muerte de cinco jóvenes, otro herido y uno más ileso. Por su parte, el periodista Pablo Ferri de El País accedió al Informe Policial Homologado redactado por los militares en el que se detalló que los uniformados usaron sus armas sin que tuvieran autorización por parte de su capitán.
Disparos contra civiles
Los disparos contra los civiles fueron realizados por al menos cuatro cabos de caballería, al revisar el vehículo que iba a exceso de velocidad y que se estrelló, los militares no encontraron material ilícito.
La camioneta en la que viajaban las víctimas quedó con por lo menos 20 impactos de bala y dos personas habrían sido rematadas en la nuca cuando estaba en el pavimento, según lo informó el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Mientras que para el 28 de febrero la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó sobre el inicio de una queja de oficio por lo ocurrido.
Alejandro Pérez Benítez fue uno de los sobrevivientes y dijo que los militares detonaron sus armas sin una razón aparente. Además, declaró que, junto con los otros seis jóvenes, acudió al centro nocturno Mister Pig y al salir tomaron la carretera a Ciudad Anáhuac. Detrás del asiento del piloto estaba Pérez Benítez quien se agachó para resguardarse de los disparos y cuando dejó de escucharlos levantó la cabeza y observó a sus acompañantes muertos.
Las víctimas fueron identificados como Gustavo Pérez Beriles, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Alejandro Trujillo Rocha y Gustavo Ángel Suárez Castillo, este último ciudadano estadounidense. Otro de los organismos que se pronunció por lo sucedido fue la ONU:
“El empleo de las armas de fuego debe ser el último recurso, proporcional al objetivo legítimo que se persigue, con pleno respeto y protección de la vida humana. Toda muerte relacionada con el uso de la fuerza por efectivos militares debe ser investigada de forma independiente”
Tras los hechos, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo durante su conferencia matutina del 1 de marzo que se realizarían investigaciones para “no ocultar nada” y aseguró que “si resultan responsables los miembros del ejército, que sean castigados”.
Con información de Infobae
