“DE MUY ALTO RIESGO”: Preocupa a hoteleros reforma al Poder Judicial

Leslie Gordillo/NOTICARIBE PENINSULAR

CANCÚN.- Por considerar que cualquier percepción de inestabilidad o de politización en el sistema judicial podría repercutir negativamente en el flujo de inversiones hacia el sector turístico, afectando directamente a las comunidades de Quintana Roo, desde el Consejo Hotelero Del Caribe Mexicano (CHCM), se hizo una petición constitucional a la Cámara de Senadores para que tomen ciertas consideraciones relacionadas a la Reforma del Poder Judicial.

En la carta firmada por Jesús Almaguer Salazar, presidente del Consejo, se exhortó principalmente a que cualquier reforma al Poder Judicial se realice a través de un diálogo incluyente que considere las voces de todos los sectores productivos y sociales del país.

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A continuación la petición íntegra:

JESÚS ALMAGUER SALAZAR, en mi carácter de Presidente del Consejo Directivo y Apoderado Legal de la persona moral denominada CONSEJO HOTELERO DEL CARIBE, A.C., también conocido como CONSEJO HOTELERO DEL CARIBE MEXICANO “en adelante (CHCM)” personalidad que acredito mediante Instrumento Público número 126,279 de fecha 7 de mayo de 2024, otorgada ante la fe del Notario Público número 30 del Estado de Quintana Roo, Licenciado Luis Cámara Patrón, misma que se acompaña al presente documento … es que comparezco ante esta Autoridad Legislativa para exponer lo siguiente:
En relación con proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Reforma del Poder Judicial, registrado bajo el número CD-LXVI-I-1P-001, remitida por la H. Camara de Diputados del H. Congreso de la Unión con fecha 4 de septiembre de 2024 a los CC. Secretarios de este H. Órgano Legislativo mediante Oficio No. D.G.P.L. 66-II-1-0005, Exp. 10324, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8° y 35 fracción V de la ya citada norma suprema, vengo en nombre de mi representada a promover una petición que mas adelante precisaré con base en los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, como representante de uno de los sectores más relevantes para la economía de la región, manifiesta su preocupación ante la propuesta de reforma al Poder Judicial en México. Si bien reconocemos la necesidad de mejoras en la administración de justicia, consideramos que cualquier cambio debe garantizar la independencia del Poder Judicial y la estabilidad jurídica, fundamentales para el desarrollo económico y la atracción de inversiones.

Independencia Judicial y Estabilidad Económica

La independencia judicial es un pilar esencial para el estado de derecho y, por ende, para un entorno económico que favorezca la inversión, tanto nacional como extranjera. La propuesta de elegir jueces y magistrados mediante votación popular, entre otras medidas, podría politizar el sistema judicial, comprometiendo su imparcialidad y la seguridad jurídica que requieren las empresas para operar con confianza.
En este orden de ideas, consideramos imperativo analizar las instituciones que coadyuvan con las finalidades de la administración de justicia que en la actualidad funcionan eficientemente dentro del poder judicial y que pudieran perderse irreparablemente con la propuesta que nos ocupa, pues en principio uno de los puntos trascendentales del Decreto en estudio es precisamente el mecanismo utilizado para la selección y designación de las personas juzgadoras, y en este contexto conviene traer a colación lo que en la especie se denomina Carrera Judicial, que en materia Federal actualmente establece los procedimientos para tal efecto, cuyo mérito institucional se basa principalmente en los 10, 15 o 20 años de trabajo y esfuerzo que realizan todas las personas que ejercen funciones jurisdiccionales y que casi todos, sino es que todos, van escalando cargos desde oficiales judiciales, pasando por actuarías y secretarías de tribunal y juzgado, hasta llegar a jueces y magistrados de circuito bajo un esquema meritocrático en igualdad de condiciones, pero además son sometidos a evaluaciones rigurosas (concursos de oposición), capacitación continua y la formación especializada que garantizan contar con jueces que cumplen con los más altos estándares profesionales, técnicos, éticos que aseguran su imparcialidad y calidad en el dictado de sus sentencias, con lo que se logra obtener una justicia más humana en busca siempre de la excelencia en la impartición de justicia.
A mayor abundamiento, la Escuela Federal de Formación Judicial, dependiente del actual Consejo de la Judicatura Federal, en sus diversos pronunciamientos ha declarado textualmente que “No hay en la actualidad ningún cargo jurisdiccional dentro de la carrera judicial que sea por designación directa.”, lo que resulta relevante en torno al repetido Decreto, porque parte de la fuente material de la cual surgió la iniciativa fue precisamente el nepotismo y la designación directa del personal juzgador, de ahí la necesidad de revisar y analizar los aciertos institucionales que han cobrado años de trabajo, esfuerzo y vocación como es la carrera judicial, ahora en riesgo de perderse, pero que hoy por hoy constituye una garantía para que las personas elegidas hayan sido seleccionadas por sus conocimientos, competencias y capacidades, y no mediante criterios subjetivos de selección, como es el caso de la reforma que nos ocupa, que sin duda daría lugar al surgimiento de nuevos juzgadores-políticos, carismáticos y simpáticos a la vista de “las mayorías mal informadas”, cuando lo que exige y merece la sociedad mexicana son juzgadores estudiosos, profesionales y con vocación que sólo se ocupen de emitir pronunciamientos impopulares dentro de un marco de derecho basado en la seguridad y certeza jurídica que garantice la paz social y el desarrollo económico del Estado, incluyendo la estabilidad económica del sector turístico como base de la economía y prosperidad de varios Estados de la República mexicana.

No obstante lo anterior, nos permitimos someter diversas consideraciones en torno a la misma Reforma:

• En la exposición de motivos se argumenta que “…la población mexicana ha señalado que no confía en los tribunales, jueces y magistrados…”, ahora bien, la referida confianza y credibilidad social del aparato judicial no depende exclusivamente del método de designación y selección, como se pretende hacer creer, sino de la calidad de su desempeño en el ejercicio de sus funciones, de ahí que la elección popular de personas juzgadoras daría lugar a la desaparición de los concursos de oposición y la probable ausencia de experiencia y/o formación judicial que puede derivar en un desempeño y toma de decisiones deficientes que, lejos de resolver un tema de confianza y credibilidad, atenta contra la seguridad jurídica como parte de las finalidades principales de la administración de justicia.
• Lo propuesto en la repetida reforma quebranta la independencia del poder judicial frente a las mayorías, pues si bien es cierto el poder político mexicano es producto de un sistema democrático, también es cierto que este poder se encuentra limitado por las reglas y principios establecidos en la constitución y respeto a los derechos humanos, de ahí que inclusive las resoluciones judiciales pueden ir en contra de los intereses de esas mayorías cuando se trata de garantizar el cumplimiento de lo que establece la Constitución, y en este contexto podemos acudir a la historia de la humanidad en donde las mayorías y en este caso el mismo Congreso de la Unión puede equivocarse en sus percepciones CUANDO LA INFORMACIÓN DE LA QUE PARTE ES INCONSISTENTE Y HASTA EQUIVOCADA, y es ahí donde el Poder judicial debe intervenir para limitar y en su caso modificar el ejercicio de dicho poder dentro de un marco constitucional y en respeto a derechos humanos, manteniendo un equilibrio y contrapeso entre los tres poderes que garantice la preservación del Estado de Derecho, por ello podemos concluir que la politización del poder judicial, sin duda alguna generaría un desequilibrio entre los poderes dando lugar a que las resoluciones de los juzgadores se encuentren orientadas a satisfacer intereses supuestamente democráticos pero contrarios a los principios consagrados en la constitución.
• En el mismo orden de ideas, cabe destacar que dentro de la elección de personas juzgadoras es evidente que los votantes por lo general tienen poca información y conocimiento sobre lo que realmente es la función judicial, así como desconocen la información de los candidatos y candidatas propuestos que les permita emitir un voto razonado y objetivo para elegir a la persona más apta para ejercer el cargo, pues a manera de ejemplo y como alguien dijo, es como sí se sometiera a votación popular la selección y designación de los pilotos de Mexicana de Aviación o bien que en el país vecino sometieran a votación popular a las personas que conformen al equipo de la NASA que irá a la luna, cuando los votantes desconocen las capacidades técnicas necesarias para desarrollar esas actividades, luego entonces la referida elección no es un método que garantice contar con la mejor selección de juzgadores con capacidad técnica suficiente, y mas porque las y los jueces requieren contar con especialidades en diferentes materias de derecho. (derecho civil, familiar, mercantil ambiental, administrativo, penal, laboral, etc), que escapan del conocimiento común de la gente.
• El hecho de que los cargos de las personas juzgadoras sean elegidas por voto popular implica su sometimiento a ciclos políticos-electorales tanto de elección como de reelección que sin duda incidirán en la calidad de sus decisiones porque se abre la posibilidad de que prioricen decisiones que agraden o beneficien a grupos políticos o se encuentren perfilados para allegarse de votos y conservar su cargo, apartándose de las decisiones correctas, y aún impopulares, pero que deben ser en todo momento apegadas a derecho.
• Por otro lado, cabe destacar que la función jurisdiccional implica necesariamente que las personas juzgadoras se encuentren familiarizadas con los precedentes, criterios y jurisprudencia obligatoria que a lo largo del tiempo se van modificando conforme se va desarrollando la realidad social del Estado Mexicano, como en su momento y a manera de ejemplo lo fue el derecho a las pensiones por viudez o los derechos de las niñas y niños, por tanto, el cambio inmediato de cada juzgado o tribunal compromete la estabilidad y permanencia de dichos precedentes dando lugar a decisiones que no obedecen a esa dinámica social, porque dicho proceso de elección no asegura que los juzgadores electos cuenten con los conocimientos adecuados, los cuales se adquieren a través de la carrera judicial durante un largo proceso de conocimiento y experiencia que desde luego no garantiza el voto popular.
• Sin duda la elección popular pretendida afectará el principio de continuidad constitucional que debe regir en todos los procesos y que supone la no interrupción de los juicios activos, en razón de que el cambio de juzgadores dilatará los procesos judiciales en el país, pues de un día para otro habrá nuevos juzgadores sobre juicios ya iniciados con anterioridad, lo que implicará mucho tiempo de adaptación y familiarización de los nuevos juzgadores, que en la mayoría de los casos requerirá la reposición de procedimientos ampliándose el tiempo de resolución, impidiendo que se dicten oportunamente, sin soslayar el hecho de que se corra el riesgo de que la resolución o sentencia se dicte sin contar con toda la información o sin contar con elementos probatorios, que por el transcurso del tiempo y por su propia naturaleza tienden a desvanecerse, y que son necesarios para emitir un pronunciamiento que se encuentre apegado a derecho.
• De igual forma, dicha elección popular implicará la destitución y separación del cargo de personas juzgadoras sin ser oídas y vencidas en juicio, lo que además de representar violación a derechos humanos, también impactará el gasto público que representará, tanto las indemnizaciones laborales y conflictos legales, como también el costo del proceso de elección, dado que tendrán que elegirse un promedio de 7000 cargos dentro de un universo de 40,000 candidatos (https://wradio.com.mx/2024/06/19/plan-c-implicaria-megaeleccion-de-mas-de-7-mil-jueces-y-magistrados-entre-casi-44-mil-candidatos/)
• Resulta evidente sostener que la repetida elección popular de las personas juzgadoras propiciará la cercanía de estas personas con instituciones políticas o cúpulas de poder que además de afectar su percepción de imparcialidad, también representará riesgos de posibles influencias o intromisiones de grupos diversos, intereses particulares y en su caso la injerencia del crimen organizado en la elección, aún y cuando la misma reforma prohíba el financiamiento público o privado de las campañas, con lo que indefectiblemente se quebranta la independencia, imparcialidad y autonomía que debe regir al poder judicial, como parte medular de su existencia para servir de contrapeso respecto de los demás poderes y en consecuencia preservar el Estado de Derecho.
  Impacto en el Sector Turístico
  El turismo es una de las principales fuentes de ingresos y empleo en el Caribe mexicano. Un sistema judicial robusto y confiable es crucial para asegurar la confianza de inversionistas, desarrolladores y operadores en nuestra región. Cualquier percepción de inestabilidad o de politización en el sistema judicial podría repercutir negativamente en el flujo de inversiones hacia el sector turístico, afectando directamente a nuestras comunidades.
  El turismo es un sector muy sensible, el mundo financiero tiene sus reglas y aunque para muchos estas son distantes, un poder judicial y un estado de derecho confiables para las inversiones, sin duda son generadoras de empleos, divisas y economías sanas, basta este pequeño resumen de las diferentes manifestaciones de carácter nacional e internacional que de no atenderlas lo más probable es que repercutan de forma directa en nuestro país.

1. Morgan Stanley .-“degrada recomendación para invertir en México por reforma de AMLO al Poder Judicial.”
2. Citibanamex.- “advierte riesgos por reforma judicial y sobrerrepresentación de Morena en el Congreso.”
3. Bank of America.- De “muy alto riesgo” la reforma al poder judicial.
4. La Agencia Fitch Ratings.- explicó que la aprobación de la reforma judicial podría impactar negativamente a México
5. Banco Suizo UBS.- “Focos rojos” por reforma judicial: banco UBS prevé ‘conflicto’ con T-MEC.
   Gobiernos
6. Embajador de Canadá en México.- El embajador de EE.UU. en México dice que “la elección por voto directo de jueces representa un riesgo para la democracia en el país.”
7. Embajador de EEUU en México.- El embajador de EE.UU en México dice que “la elección por voto directo de jueces representa un riesgo para la democracia en el país”.
8. Un grupo de senadores estadounidenses.- afirmaron estar “profundamente preocupados” por unas reformas en México que “socavarían la independencia judicial”.
   Internacional
9. ONU.- Margaret Satterthwaite, relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces y abogados, pidió reconsiderar la iniciativa presidencial sobre la reforma judicial en México; destacó su preocupación ante las implicaciones para la independencia judicial en México e hizo un llamado a las autoridades a darle un peso adecuado a las garantías de derechos humanos de la independencia judicial.
10. Asociación Internacional de Jueces en Roma.- se pronuncia contra la reforma al Poder Judicial.
11. Corte Interamericana de Derechos Humanos.- Jueces y magistrados solicitan a la CIDH suspender la reforma judicial por posibles violaciones a derechos humanos.
    Sector Privado.
12. American Chamber of Commerce of Mexico (Amcham).- hizo un llamado a las autoridades mexicanas a mantener un diálogo constructivo con el sector privado para evaluar a fondo las implicaciones de la reforma al Poder Judicial, y otras iniciativas legislativas, que podrían afectar el Estado de derecho.
13. La Cámara de Comercio del Canadá en México, CanCham.- Externó la preocupación de la comunidad de negocios e inversionistas de capital canadiense que engloba, sobre la iniciativa constitucional para reformar el Poder Judicial y la desaparición de diversos órganos autónomos.
14. Organizaciones de los sectores de manufactura, médico, químico, energético, industrial, tecnológico, servicios y minero de Estados Unidos.- Expresaron al gobierno del presidente Joe Biden, su preocupación por el paquete de reformas constitucionales que el gobierno mexicano podría promulgar en el próximo período legislativo.
15. COPARMEX.-“ En el ámbito internacional, esta reforma podría exponer a México a responsabilidades por incumplir con los estándares de derechos humanos e independencia judicial, lo cual sería muy perjudicial para su posición global. Nuestros socios comerciales y organismos internacionales ya han expresado su preocupación sobre sus posibles efectos en los acuerdos comerciales. El T-MEC, en particular, requiere un sistema judicial fuerte y autónomo para resolver disputas comerciales. La politización en la elección de jueces y magistrados podría socavar esa independencia, comprometiendo la capacidad de México para cumplir con sus obligaciones y exponiéndolo a sanciones o represalias comerciales.
16. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE).- advirtió que la reforma judicial y la desaparición de los organismos reguladores, podría generar un impacto económico negativo de 0.3 puntos porcentuales en el PIB por la caída de inversiones privadas.
17. El Consejo de Empresas Globales.- Advierte sobre riesgos ante reforma al Poder Judicial.
18. CANACINTRA.- Alerta “La reforma judicial de AMLO impactará el desarrollo económico y a las mipymes.”
19. Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE).- Reforma al Poder Judicial genera preocupación en el sector empresarial.
    Académicos
20. Facultades de Derecho de 9 prestigiosas universidades.- se lanzan contra la reforma al Poder Judicial de AMLO. Entre las universidades firmantes se encuentran la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Universidad Panamericana (UP), Universidad La Salle México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), ITESO Universidad Jesuita de Guadalajara, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y la Universidad Autónoma del Estado de México.
    Es por lo anterior que el sector turístico que representa el CHCM estima que si bien es cierto es necesario mejorar el sistema de administración de justicia, también lo es que la elección popular para seleccionar y designar juezas y jueces no es la mejor solución para ello, pues siendo esta reforma tan transcendental para el Estado Mexicano por virtud de que trastoca el equlibrio y contrapeso de los poderes de la union en la que se funda la base representative y demcrática del Estado Mexicano, consideramos que la expresada Reforma en los terminos en que se encuentra redactada puede generar mayores daños a la sociedad y a la economía del país respecto de lo que se pretende remediar, de ahí que para nosotros es imperativo formular la siguiente:

P E T I C I Ó N C O N S T I T U C I O N A L

PRIMERO.- Se solicita de esa H. Cámara de Senadores para que cualquier reforma al Poder Judicial se realice a través de un diálogo incluyente que considere las voces de todos los sectores productivos y sociales del país. Solo mediante un proceso transparente y participativo “de las mayorías informadas“ se podra implementar cambios que fortalezcan el sistema judicial y aseguren el crecimiento sostenido de nuestra economía.

SEGUNDO.- Sean tomadas en cuenta por esa H. Camara de Sendadores las consideraciones vertidas en los distintos numerales que anteceden de ésta instancia constitucional para los efectos legales conducentes, pero en particular para que dicha iniciativa no sea aprobada en los términos planteados en la actual reforma.

TERCERO.- Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de un Poder Judicial independiente y profesional, como base para el desarrollo económico y la prosperidad del Caribe mexicano. El CHCM seguirá atento a los desarrollos de esta propuesta y solicita nos permitan participar en los foros y consultas pertinentes sobre la expresada reforma.