Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
CIUDAD DE MÉXICO.- La batalla jurídica que sostienen Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dio un nuevo giro con una demanda que Scherer presentó contra Gertz ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la propia FGR.
En la denuncia –entregada el viernes 22 a las 11:00 horas, según el acuse de recibo–, Scherer Ibarra contraataca a Gertz Manero con la imputación del mismo delito que la Fiscalía General de la República (FGR) le ha atribuido al exconsejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador: tráfico de influencias.
La querella agrega otras conductas delictivas que podrían imputarse al fiscal: coalición de servidores públicos, asociación delictuosa y lo que resulte. Además, en el escrito se señala como coimpu¬tado de Gertz al subprocurador de Control Competencial de la Fiscalía, Juan Ramos López, considerado el brazo derecho del fiscal.
En el documento también se señala a los tres fiscales de la FGR que buscaron imputar los delitos de tráfico de influencias, extorsión, lavado de dinero y delincuencia organizada a cuatro abogados que han laborado en los mismos despachos que el exconsejero jurídico de la Presidencia.
Los señalados son la fiscal de Asuntos Internos de la FGR, Adriana Campos López; el fiscal de Asuntos Especiales de la FGR, Manuel Granados Quiroz, y la ministerio público María Eugenia Castañón Osorio.
Granados Quiroz no sólo es el titular de Asuntos Especiales de la FGR, sino que tiene a su cargo la dirección de las audiencias penales de los casos más relevantes para la Fiscalía, como el proceso penal que se le sigue a la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) Rosario Robles Berlanga.
El fiscal para Asuntos Especiales de la FGR tuvo a su cargo formular la imputación contra los cuatro abogados (César Omar González Hernández, Juan Antonio Araujo Rivapalacio, Isaac Pérez Rodríguez y David Gómez Arnau) que son señalados en la denuncia del también litigante Juan Collado Mocelo por presunta extorsión.
Incluso, Granados Quiroz puso en aprietos a la defensa de los abogados César Omar González Hernández, Juan Antonio Araujo Rivapalacio, Isaac Pérez Rodríguez y David Gómez Arnau en las dos últimas audiencias del caso, adelantando las penas de prisión de hasta 40 años que se les podrían imponer a los imputados de este caso.
“El fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero; el fiscal de Control Competencial, el señor Juan Ramos López, y otros servidores públicos de la institución deben responder… por las faltas, omisiones y violaciones sistemáticas graves a los derechos humanos, a la ley en perjuicio del suscrito y de otras personas, así como a los principios que debieron regir su actuar”, señala el texto de la denuncia.
Se acusa a Gertz Manero de ser un hombre “parcial, vengativo y envenenado” que ha utilizado a la FGR para litigar sus asuntos personales, como el caso de las imputaciones penales que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó contra su cuñada, Laura Morán, y la hija de ésta, Alejandra Cuevas.
En su denuncia, Scherer asegura que el fiscal general utilizó de manera facciosa la FGR relacionándolo con “hechos fabricados y productos de intercambio ilícitos de la FGR con particulares en casos relevantes para que interpongan denuncias en mi contra, a cambio de obtener cancelaciones de órdenes de aprehensión o para que les sean aprobados criterios de oportunidad a su favor”.
Dice que las pesquisas abiertas por esos funcionarios son “para situarme y hacer parecer que cometí una conducta contraria a la ley”, y carecen de asidero legal porque, en todo caso, debieron integrarse en la Fiscalía Anticorrupción y no ante la Fiscalía de Control Competencial ni la de Asuntos Internos.
En ambas instancias “se fabrican hechos y se extorsionan denunciantes mediante ofrecimientos ilícitos para presentar denuncias en contra del suscrito y otras personas”, lo que –considera– constituye asociación delictuosa.
Además, también se acusa a Alejandro Gertz Manero de intentar influir en un proceso judicial para favorecer a un empresario que ha sido su socio y cliente, Gabriel Alarcón Velázquez, acusado por su familia del delito de defraudación, derivado de que se habría apropiado “de una herencia de cientos de millones de dólares”.
“La contraparte en el litigio de dos décadas es la hermana, la señora María Eugenia Alarcón Velázquez, y sus hijos, los hermanos Gerardo, Francisco y Ernesto, quienes se apellidan Álvarez Morphy Alarcón. Desde el inicio el doctor Alejandro Gertz Manero ha participado como asesor del señor Gabriel Alarcón Velázquez. Se ha publicado que este cliente le ha pagado fortunas en dinero e inmuebles al fiscal general de la República y que comparten un avión privado que el doctor Alejandro Gertz Manero costea con recursos provenientes de la UDLA”, agrega la denuncia promovida por Scherer Ibarra.
De acuerdo con Scherer, Gertz Manero usó a la FGR “para investigar y acusar a los señores Francisco y Ernesto Álvarez Morphy Alarcón mediante la imputación de delitos fiscales sin que existiera un procedimiento de revisión por parte de la Secretaría de Hacienda Crédito Público”, repitiendo así un modus operandi que se vio en el caso de su familia política.
“El fiscal general de la República pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atracción del caso de uno de los hermanos Álvarez Morphy cuando estaba a punto de ser resuelto en definitiva por parte de un Tribunal Colegiado. Terminó perdiendo el asunto, demostrando, de nueva cuenta, que maneja a la Fiscalía General de la República como su oficina particular”, señala el documento.
La petición del fiscal
Para configurar el delito de tráfico de influencias, Julio Scherer narra que el 12 de octubre de 2021 se reunió con el propio Alejandro Gertz Manero, encuentro que el titular de la FGR aprovechó para solicitar al exconsejero jurídico de la Presidencia una gestión “ante el Poder Judicial de la Federación (para) que le fueran negados los juicios de amparo a las señoras Laura Morán Servín y Alejandra Cuevas Morán, ambas acusadas del delito de homicidio por omisión de cuidados, en agravio de su hermano Federico Gertz Manero”.
El exfuncionario federal agregó que la petición de Gertz se hizo “a sabiendas de que lo que me estaba solicitando era delictivo, a lo cual me negué por la evidente ilicitud”, situación que Scherer narró en la carta que hizo pública la revista Proceso en su edición 2368.
“El día 12 del mes de octubre del mismo año sostuve una reunión con el doctor Alejandro Gertz Manero, en la que estuvo presente el señor Jorge Carrasco Araizaga, director de la revista Proceso, en la que el fiscal general de la República me reclamó, entre otras cosas, que ‘sólo un favor’ me había pedido y que no ‘le había ayudado’: impedir que su cuñada, la señora Laura Morán Servín, y la hija Alejandra Cuevas Morán obtuvieran un amparo por la acusación del homicidio de su hermano Federico Gertz Manero, de lo que él las acusa. Por ello, al final de esa reunión terminó desafiante: ‘Usted podía haber elegido entre un fiscal amigo o un fiscal enemigo’”.
Tras los resolutivos de la Suprema Corte, que ordenaron liberar a Alejandra Cuevas y anular la orden de aprehensión que existía contra su cuñada, Laura Morán Servín, la denuncia de Scherer Ibarra concluye que es evidente que el “fiscal general de la República, servidor público, promovió y gestionó la resolución ilícita de los juicios de amparo 70/2021 y 187/2021, del índice del juez quinto de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México para que les fuera negado el amparo a las señora Laura Morán Servín y Alejandra Cuevas Morán, lo cual es ajeno, evidentemente, a las responsabilidades inherentes a su cargo”, derivado de que la resolución de ambos expedientes correspondía únicamente a las competencias del Poder Judicial de la Federación.
“Esa resolución es ilícita, como quedó demostrado tanto en la resolución de primera instancia de dichos juicios de amparo (que les fue concedido para efectos), como en la resolución del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (que les concedió el amparo liso y llano a las quejosas)”, detalla la denuncia.
De igual manera se pide a la FGR tomar en cuenta los contenidos de las llamadas que el fiscal Alejandro Gertz Manero hizo al subprocurador de Control Competencial de la FGR, Juan Ramos López, para incidir sobre los ministros al momento de resolver este asunto, pese a que dichas conversaciones fueron grabadas de manera ilegal.
“No pasa desapercibida la indebida infiltración de la llamada que existió entre el doctor Alejandro Gertz Manero y el licenciado Juan Ramos López, en la que platicaron acerca del asunto de las señoras Laura Morán Servín y Alejandra Cuevas Morán. Destáquese que el doctor Alejandro Gertz Manero nunca negó la conversación que contenía esa llamada. Únicamente se pronunció a cuestionar la manera en cómo se obtuvo la comunicación, pero no el contenido de la plática, es decir, cuestionó que hayan intervenido y publicado la plática que tuvo con el licenciado Juan Ramos López”, argumenta la querella.
En ese contexto, el exconsejero jurídico de la Presidencia denuncia que, a partir de su negativa a intervenir en este caso para favorecer los intereses de Gertz Manero, se iniciaron tres carpetas de investigación en contra suya por un supuesto tráfico de influencias cuando ocupaba ese cargo; además de que se han comenzado a indagar sus ingresos previo a la responsabilidad que tuvo como servidor público.
“Las investigaciones referidas se han iniciado con motivo de denuncias presentadas por los licenciados Paulo Díez Gargari, Juan Ramón Collado Mocelo y Ángel Martín Junquera Sepúlveda, entre otros. En estas carpetas se está investigando que, en virtud de mi calidad de consejero jurídico de la Presidencia de la República, supuestamente realicé tráfico de influencia en asuntos en los que se encontraban involucrados los denunciantes referidos”, expone.
Además de negar reiteradamente los hechos contenidos en tales carpetas, identificadas con los expedientes FED/FEAI/FEAI CDMX/0000122/2022, radicada en la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, y FGR/FECOC/UEIDCSPCAJ/SP036/2021, radicada en la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Scherer Ibarra afirma que se le ha impedido tener acceso a esa documentación, violándose así el debido proceso y su derecho a una defensa adecuada.
Por lo anterior, solicita a la fiscal Anticorrupción de la FGR, María de la Luz Mijangos, “iniciar una investigación contra los servidores públicos de la Fiscalía General de la República que hayan puesto condición causal para la perpetración de coalición de servidores públicos y contra la administración de justicia, así como de cualquier persona que haya participado para ello”.
Con información de Proceso
