Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
MONTERREY, NL. Por mayoría, el Congreso de Nuevo León, a través de la Comisión Anticorrupción, acordó iniciar un juicio político en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda, por violaciones graves a la Constitución Local, al no presentar a tiempo el Presupuesto de Egresos de 2023 e incumplir con la publicación de decretos avalados por el legislativo.
Con el voto en contra de los diputados de Movimiento Ciudadano y de la Bancada 4T, la Comisión Anticorrupción del Congreso, aprobó el inicio del juicio político.
La Comisión citó al Ejecutivo estatal a comparecer ante los integrantes de ésta el 10 de febrero a las 16:30 horas.
“Se inicia el procedimiento de juicio político contra Samuel García, Gobernador de Nuevo León”, establece el acuerdo de inicio de procedimiento.
“Se instruye a la Oficialía Mayor para que a través de la Dirección Jurídica del Congreso, en términos del segundo párrafo del artículo 16 de juicio político del Estado de Nuevo León, se emplace al denunciado para que exponga a esta Comisión lo que a su derecho convenga”.
Podrá comparecer para informar por escrito en un lapso de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación, entregando copias de la denuncia y demás documentos que la integran, señalando el viernes 10 de febrero a las 16:30 horas, en el vestíbulo de este Congreso, señala la comunicación.
La solicitud de juicio político contra el gobernador fue presentada por Annia Gómez Cárdenas y José Luis Garza Ochoa, diputados federales del PAN y PRI, respectivamente.
En el debate, Sandra Pámanes Ortiz, Diputada local de MC, dijo que no había sustento en la denuncia y debía ser desechada, pues al momento de su promoción ya se habían publicado 35 decretos de los que se señalaban en ésta como retenidos.
Agregó que tampoco había un daño a la sociedad por no presentar el Presupuesto, pues había la disposición legal que establecía la aplicación del de 2022, por lo que no había ningún delito.
Pámanes Ortiz, dijo que lo que estaban discutiendo era un acto de revanchismo y de cobrar venganza contra el Gobernador. “Ya dejémonos de tanta farsa, de acciones perversas, por ningún motivo es procedente este juicio, no hay elementos, no hay sustento”, expuso.
Agregó que quienes sí habían violentado la Ley eran los legisladores del PAN y PRI al presentar y votar un Presupuesto sin estar facultados para ello.
La diputada local de la Bancada 4T, Anylú Bendición Hernández dijo que no estaba de acuerdo en aprobar el juicio político porque el Presupuesto se presentó y se avaló, además de que por la publicación de decretos ya se tenía un proceso en contra el secretario general de Gobierno, Javier Navarro Velasco.
Con información de La Jornada
