Por Mario A. Millán Cabrera
El fiscal general del Estado, Óscar Montes de Oca Rosales, dejó plantados a los diputados integrantes de la Comisión de Justicia de la XVII Legislatura del Congreso del Estado, encabezados por Guillermo Brahms González.
La legislatura habría invitado a comparecer al fiscal general para escuchar de su ronco pecho las razones de su conducta o, por lo menos, para tratar de justificar su omisión a las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo sobre dos casos separados pero que coinciden en conductas que solamente demeritan la imagen de una institución que al parecer está más preocupada en buscar culpables que en aplicar la ley.
Se trata de un caso de fraude donde el supuesto culpable Gabriel Alejandro González Gómez resultó víctima de la Fiscalía General del Estado, donde agentes ministeriales armaron un expediente en su contra para mandarlo a la cárcel por más de mil 200 días; sin embargo, un juez de distrito lo declaró inocente.
En un segundo caso, la ciudadana Saida Ivonne Rodríguez Ramírez acusó a la Fiscalía de abuso de autoridad y de extralimitarse en la expedición de una alerta por el “autosecuestro” de su pequeño hijo, a quien se llevó a la Ciudad de Mérida temiendo por su seguridad, ya que ambos eran víctimas de violencia familiar.
El fiscal trató de justificar su inasistencia a la reunión con los legisladores mandando en su lugar a la vicefiscal de Derechos Humanos, Jurídico y Vinculación Ciudadana, Rosa Isela Pérez Martínez, quien simplemente se dedicó a leer un breve informe sobre las recomendaciones realizadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que para nada convencieron a las víctimas, es decir, no estuvieron conformes, llegando al grado incluso de demandar el pago de una indemnización, pero como el Fondo de Daños a Víctimas no tienen fondos, pues ambos se quedaron como al principio.
Obviamente la postura de la Fiscalía General del Estado no convenció en nada a los diputados Guillermo Brahms, Julián Ricalde Magaña y las diputadas Mildred Ávila, Deyanira Basurto y Alicia Tapia, quienes al final determinaron hacer un llamado de atención al fiscal para que cumpla a cabalidad con todas las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos, en especial sobre estos dos asuntos.
Por cierto, a la reunión asistió el fantasmal Felipe Nieto Bastida, primer visitador y encargado del despacho de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien estuvo calladito y muy oyente.
Nos leemos en la próxima entrega.
