Hugo Martoccia
La polémica reforma constitucional en materia electoral que presentó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue rechazada por la oposición a la 4T, escondía en sus entrañas una reforma a leyes secundarias, aprobada por mayoría, que está dirigida directamente hacia las autoridades electorales, y que tendrá efectos muy importantes en el panorama político que viene, con un impacto muy grande en los estados.
Desde ya, debe decirse que figuras como Marybel Villegas, Roberto Palazuelos, o Lili Campos, o cualquiera con peso electoral que quiera jugar por fuera del casi omnipresente marismo, tiene prácticamente garantizada su presencia en la elección de 2024. Con todo lo que eso significa.
La razón es que una parte medular de esa reforma es un pequeño inciso del artículo 456 de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que ha desaparecido. Se trata del Inciso 3 del punto C del mencionado artículo, que es el que le daba a los Tribunales Electorales la facultad de negar o cancelar registros de candidatos.
O sea, esa facultad, que se había convertido en una suerte de “mano izquierda” de los gobiernos para sacarse de encima candidaturas incómodas, ha desaparecido. Seguramente desde febrero próximo, los Tribunales no podrán quitar candidaturas, más allá de la falta que se cometa.
Y no es, para nada, un dato menor.
LA HISTORIA RECIENTE
Sólo habría que hacer un breve recuento de los últimos años para saber exactamente lo que esto significa.
En la elección de 2021, Luis Gamero Barranco se había convertido en un candidato a alcalde de Othón P. Blanco incómodo para el sector dominante del morenismo. Iba a ganar una elección que nadie quería que ganara. La decisión fue quitarlo de en medio. Una inadmisible sentencia de la Sala Xalapa del TEPJF condenó a Gamero por violencia política de género contra Yensunni Martínez (se supone que la había denostado en privado) y no sólo le quitó la candidatura, sino que lo sacó 5 años de la política.
En su momento, La Opinión le dio seguimiento al tema. Los magistrados escribieron, en ese fallo impresentable, que como Gamero le había contestado de manera grosera a Anahí González cuando fue presidenta estatal de MORENA, luego entonces, era evidente que había tratado mal a Yensunni. Así de insólito.
La candidatura terminó en manos de Yensunni, que luego fue presidenta municipal.
En ese mismo año, Isaac Janix competía contra la reelección de Mara Lezama en Cancún. El entonces regidor se equivocó e insultó a la hoy gobernadora. Era, quizá, legítimo quitarle la candidatura y sus derechos políticos, como en el caso Gamero. Pero no fue así; Xalapa le quitó la candidatura ese año, pero le mantuvo sus derechos y le permitió ser candidato en 2022. Dos varas para medir un mismo tema.
Y hay, incluso, una tercera vara. También en 2021, pero en la elección federal, las autoridades fueron muy benévolas con José Alberto Alonso Ovando. Como dirigente del PRI, Alonso Ovando fue acusado por Judith Rodríguez Villanueva por VPG. Las autoridades electorales encontraron la forma de declararlo culpable (era casi imposible no hacerlo) pero sin quitarle la candidatura. O sea, no le pasó nada; sólo una simple amonestación.
Estos tres ejemplos se repiten por decenas. Los Tribunales electorales federales y locales se convirtieron en verdaderos “filtros” de candidatos. Actuaban según la consigna de alguna jefatura política o algún convencimiento aún más rupestre. Hay que decir las cosas como son: esos “filtros” los decidía el dinero y el poder.
EL FACTOR ANAHÍ, OTRA VEZ
El tema tiene mucha relevancia por lo que sucede en Cancún y, en menor medida, en el resto de Quintana Roo de cara al 2024.
El Presidente tiene una altísima aceptación social en el estado, y Mara Lezama es un verdadero fenómeno social. La gobernadora, con su carisma y su estilo, ha vuelto a sacar a la gente a las calles, y ha llevado el gobierno cerca de la sociedad. Sus niveles de aceptación son altísimos. Pero el problema es que hay muy poco más allá de ella y su figura.
La semana pasada se comentó en este mismo espacio lo que significa engrandecer artificialmente la figura de la diputada federal Anahí González para que sea la candidata de Cancún en 2024 por MORENA.
Lo que se vio en estos días, con los dos “Informes de labores” de Anahí, el primero en Cancún y el segundo en Chetumal, es que Anahí es Mara y lo que la gobernadora pueda brindarle. Pero no es nada más allá de eso.
El evento de Cancún del pasado sábado tuvo presencia política y de base (toda organizada por Mara) pero no logró repercusión alguna en otro lado. El de este sábado en Chetumal fue peor, y mostró una pobreza preocupante. Sólo estuvieron algunos morenistas y un pequeño grupo de gente acarreada.
Aquí también se dijo la semana pasada: esa frialdad era de esperarse; la relación de Anahí y Yensunni Martinez está rota, y sin el movimiento de la alcaldesa era imposible hacer un gran evento en Chetumal. Otro punto interesante allí es el origen de la pelea de esas dos mujeres que eran muy amigas: todo es una cuestión de egos políticos. Otro de los “daños colaterales” que genera la 4T por candidatas y candidatos que ganan sólo con el nombre de AMLO.
En este punto se juntan los dos temas tratados en la columna: la nueva ley electoral con la batalla por Cancún y el estado en 2024. Y vale la pena explicar bien esa conjunción.
EL FACTOR MARYBEL
Mientras Anahí es un producto artificial impulsado por anabólicos clientelares, la senadora Marybel Villegas camina las calles, tiene agenda política propia (es la única que puede hablar mal de Carlos Joaquín, por ejemplo) y una base electoral que nadie más tiene en este momento.
Así como desde este espacio se dijo en varias oportunidades que Marybel no iba a ganarle nunca una interna a Mara, ahora debe decirse que difícilmente puedan ganarle una elección a Marybel con algún producto electoral desangelado y de oficina. Y Marybel quiere ser alcaldesa de Cancún en 2024.
Si las cosas no hubiesen cambiado, quizá alguien hubiese acercado la idea de dejar que la senadora camine las calles, y luego hacer que los tribunales electorales le quiten la posibilidad de ser candidata por actos anticipados de campaña o algún invento semejante.
Pero la ley ya no lo va a permitir, y eso abre un nuevo escenario de gran complejidad. Si Marybel va primera en las encuestas y no le dan la candidatura por MORENA, por ejemplo, la senadora podría irse a otro partido, y la 4T estaría en un verdadero problema.
Un dato: Mara ganó su reelección en Cancún en 2021 con el 41% de los votos, y con la oposición desmembrada. Eso quiere decir que una buena candidatura opositora, combinada a una mala candidatura de la 4T, generaría un verdadero riesgo de que el marismo pierda Cancún.
Así de grave es la situación.
Y una situación similar podría repetirse, como se dijo, con Roberto Palazuelos en el estado y Lili Campos en Solidaridad. ¿Quién de MORENA puede ganar con comodidad una senaduría ante Roberto Palazuelos, por ejemplo? ¿Cómo ganarle a una Lili que se ha recuperado, que hace un gobierno casi espejo de la 4T pero con las siglas del PAN, y que ve como los aliados lopezobradorismo se pelean entre sí y dispersan votos?
Sin la solución fácil de un Tribunal Electoral a modo que quite esas candidaturas, sólo quedaría recurrir a la Fiscalía para utilizarla como una persecutora de opositores incómodos. Pero eso implicaría superar un límite que tendría otros efectos no deseados.
Podría decirse, como colofón, que AMLO ganó una batalla nacional con su Plan B, pero que le dejó un problema grave a sus gobernadores y gobernadoras. En los estados, los Tribunales y los Institutos Electorales son empleados del Poder Ejecutivo. Ahora, esos “empleados” se quedaron sin una de las armas más eficaces que tenían para vender su alma al poder político.
