Hugo Martoccia
Los hechos sucedidos este lunes en Quintana Roo en la guerra de los taxistas contra Uber, demuestran que el Gobierno estatal ha visto rebasada su estrategia de estirar lo más posible la operación plena de la plataforma tecnológica. O sea, la estrategia de “patear la lata” ya no es opción.
Hay una sucesión de hechos y datos casi curiosos de este lunes, que demuestran a las claras que el tema rebasó la estrategia oficial.
Hagamos el recuento.
El lunes empezó con una “alerta de seguridad” del Gobierno de los Estados Unidos (el principal Mercado turístico de Quintana Roo) por los ataques de taxistas a Uber. Se trata de un mensaje durísimo contra la imagen del destino.
A las pocas horas, los taxistas respondieron cerrando por completo la zona hotelera de Cancún, retrasando el traslado de miles de turistas al aeropuerto, y generando conatos de violencia con los propios ciudadanos. Todo estuvo a punto de desbordarse, mientras las imágenes daban vueltas por todo el mundo.
Dos hechos insólitos remataron ese caos.
Uno, las patrullas de Seguridad Pública llevando turistas al aeropuerto. Una suerte de claudicación del Estado ante un poder fáctico que había decidido tomar las calles.
El segundo hecho fue casi una cruel ironía de lo que es la movilidad Quintana Roo.
Un mototaxi cargó a unos turistas y los llevó al aeropuerto.
Mientras a Uber no lo dejan funcionar “porque no hay reglamento”, aunque existe en la Ley actual, ese mototaxi, que cruzó la zona hotelera para ir hasta el aeropuerto, transita por un lugar mucho más incómodo: no está en la Ley ni en un Reglamento, pero está en las calles, trabajando, frente a cientos de policías y funcionarios públicos (el titular de Imoveqroo, entre ellos) que lo veían trabajar.
Una incongruencia absoluta.
La gravedad institucional de esas imágenes fue quizá lo que originó el leve cambio de discurso de la Secretaria de Gobierno, Cristina Torres, con respecto a Uber. Ya no dijo que Uber es “ilegal”, sino que está “en un limbo jurídico”. Algo es algo.
PATEAR LA LATA
En medio de todo ese caos, desde otro planeta, e inconmovibles en sus intereses políticos y económicos, el titular del Instituto de Movilidad (Imoveqroo) el verde ecologista Rodrigo Alcázar, y el presidente de la Comisión de Movilidad del Congreso, el morenista José María Chacon, coincidieron en que la reglamentación de Uber “va a tardar al menos 5 meses” en realizarse.
Ambos son el rostro más explícito del acuerdo de la 4T local con los Sindicatos de Taxistas. Esos Sindicatos, vale recordar, se aliaron abiertamente al Verde Ecologista durante la campaña, y ellos aseguran con son una parte fundamental de ese insólito 22% que el partido Jorge Emilio González Martinez logró el pasado 5 de junio.
Ahora presionan para cobrar esos favores.
En Chetumal, la gobernadora Mara Lezama hizo un evento político para presentar su Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027.
No hay duda de que el escándalo de Cancún impactó duramente en el evento, y se lo vio fuera de tono con lo que estaba sucediendo.
El equipo de la gobernadora no reaccionó a un hecho que causó impacto mundial. Parece que el discurso que dio Mara hubiese sido escrito hace más de una semana, cuando la situación era otra.
Ni una línea al estado de derecho, la competencia, el cuidado de la fuente de trabajo de los taxistas…lo que sea, algo que demuestre que el Estado estaba preocupado y ocupado por ese tema.
Faltó velocidad de reacción y timing.
Un dato positivo es que al menos hubo una fuerte movilización de elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno para despejar la zona hotelera. Fue una buena noticia en medio de un muy mal día.
LA SALIDA FÁCIL Y RÁPIDA
¿Qué hacer ahora con el tema Uber?
La estrategia mediática de decir que hay que esperar la sentencia de la Justicia Federal sobre este caso tampoco tiene sentido. eso parece ser más bien una manera de ver si la Justicia les vuelve a dar algún resquicio para ir contra Uber. Lo básico se sabe: Uber no es un servicio público, es un servicio privado. Punto. Ahora, el Estado debe decidir cómo quiere que funcione ese servicio privado.
Todo lo demás son dilaciones y excusas para no asumir los posibles costos políticos de una decisión.
El tema debe resolverse en el Congreso, pero no hay que hacerse los distraídos: los diputados van a hacer lo que Mara diga.
La salida más fácil, entonces, es hacer en días una modificación al Capítulo Séptimo de la Ley de Movilidad y hacer un reglamento.
Y vincular la operación de Uber a un “estudio de factibilidad” del Imoveqroo. O sea, que el Instituto decida cuántos Uber puede haber en la calles. La empresa multinacional dijo alguna vez que puede meter hasta 80 mil, lo cual es imposible, pero algunos deben funcionar.
Con esa facultad, el verde ecologista Rodrigo Alcázar, en su doble función de titular de Imoveqroo y vocero y defensor de los intereses de los Sindicatos de Taxistas, se encargará de que Uber no circule por Quintana Roo. O al menos no circule en grandes cantidades.
LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO
EL Gobierno de Quintana Roo tiene derecho a preferir a los taxistas antes que a Uber, por las razones que fueren.
Puede ser por querer cuidar a un sector muy importante de la economía local; para no desbaratar todo el sistema de transporte público (si algo como un “sistema” existe en Quintana Roo), o incluso por una mera posición de carácter político electoral. La sociedad luego le dirá, en las calles o en las urnas, si comparte esa decisión.
A lo que no tiene derecho el Gobierno es a impedir que los ciudadanos tengan más opciones de movilidad, y a utilizar una estrategia de “patear la lata”, que está poniendo en riesgo la paz social y la actividad económica.
El Gobierno del Estado debe tomar una decisión de cómo quiere que funcione Uber, y asumir los beneficios y costos de esa decisión.
Eso es gobernar.
