Mario A. Millán Cabrera/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- La XVII Legislatura del Congreso del Estado aprobó reformas a los artículos 12 y 17 en materia de reconocimiento de la dignidad humana y del derecho a la buena administración pública que remitió a ese recinto la gobernadora Mara Lezama Espinosa, a fin de hacer partícipe a los ciudadanos en el diseño de políticas públicas como un derecho humano.
La propuesta de la gobernadora impactará directamente en por lo menos dos ejes de su gobierno: Bienestar Social y Calidad de Vida, y Gobierno Honesto y Cercano a la Gente.
Las reformas constitucionales fueron discutidas previamente en el seno de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos, donde el diputado Julián Ricalde Magaña no salió muy convencido, pero al final terminó levantando la mano en señal de aprobación.
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La incorporación del derecho humano a la buena administración pública está orientada a reducir las brechas de la desigualdad y a generar mayores condiciones de bienestar social, con miras a lograr una transformación profunda, es decir, la decisión de los proyectos de gobierno ya no estará en manos de los servidores públicos sino en las personas.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Humberto Aldana Navarro; la diputada Mildred Ávila Vera y el diputado Guillermo Brahms González, celebraron la iniciativa de ley de la gobernadora Mara Lezama, cuyo dictamen fue aprobado esta noche por unanimidad de la XVII Legislatura.
Las disposiciones normativas secundarias deberán realizarse dentro de los próximos 180 días a la aprobación del decreto.
Por otro lado, autorizó a los ayuntamientos de Tulum y Felipe Carrillo Puerto la incorporación de sus empleados al régimen obligatorio que brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Los dos ayuntamientos cuentan con el respaldo de la Secretaría de Finanzas y Planeación, cuyo titular será garante del pago de cuotas y aportaciones derivadas del compromiso contraído con el IMSS, para lo cual ambos municipios comprometen sus participaciones federales futuras en caso de incumplimiento de los acuerdos de coordinación fiscal establecidos.
