Por Jorge A. Martínez Lugo/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- Reformas a la Constitución estatal y a 13 leyes secundarias conforman el paquete de diez iniciativas presentadas al Poder Legislativo, que tienen un efecto transexenal del gobierno que encabeza Mara Lezama Espinoza, todas ellas enfocadas a los temas de combate a la corrupción, así como a la procuración e impartición de justicia.
En la Sesión 18 de la Comisión Permanente, la penúltima de la XVII Legislatura, ingresó el grupo de reformas, mismas que fueron turnadas a diversas comisiones.
Por la magnitud de las iniciativas ya no serán analizadas en la actual Legislatura, por lo que será la primera tarea de fondo de la XVIII Legislatura que se instalará el martes 3 de septiembre.
Estas son las iniciativas:
1. Reforma de diversos artículos de la Constitución busca una reorganización administrativa para fortalecer el combate a la corrupción y mejorar la procuración y la impartición de justicia. Hace énfasis en los requisitos para ser magistrada o magistrado en el Tribunal de Justicia Administrativa, renovando a sus integrantes actuales. La Fiscalía Anticorrupción sería órgano autónomo constitucional, sus integrantes durarían 12 años. Según la exposición de motivos, estas reformas darán paso a un nuevo gobierno más apegado a los principios de la cuarta transformación.
2. Reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a la Ley de Instituciones Políticas y Procesos Electorales y a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo. Enfocada a regular los requisitos las personas titulares de los órganos de Control Interno de las entidades públicas estatales y municipales, destacando la extensión del periodo de funciones de sus titulares a siete años, con posibilidades a una sola reelección.
3. Reforma a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, que pasará a llamarse Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción. Se le agrega este último término, considerando que la corrupción es el segundo problema en el estado, después de la inseguridad. Se le convierte en un órgano constitucional autónomo, en armonización con la reforma constitucional que forma parte de este mismo paquete.
4. Reforma al Código de Procedimientos y Justicia Administrativa, busca la impartición de una justicia con procesos más abiertos, simplificando requisitos y crea dos figuras: Juicio sumario y Juicio en línea.
5. Reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas en el estado y los municipios, que busca promover mejor transparencia y definición de responsabilidades, para un gobierno con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y procesos más expeditos.
6. Reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, que amplía las facultades de la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo), con cambios en requisitos y términos de cumplimiento en los cargos públicos.
7. Reforma a la Ley del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana, que cambia de sector de adscripción, pasando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a la Secretaría de Gobierno (SG), buscando mejorar la supervisión, coordinación, seguimiento y cumplimiento de los objetivos para los que fue creado. Busca fortalecer la cohesión entre las áreas de seguridad y ejecución de programas para la construcción de la paz.
8. Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, Ley Orgánica de Entidades y Ley de Mejora Regulatoria, con el objetivo de mejorar la profesionalización. Además, introduce cambios en criterios de elegibilidad de titulares de entidades y destaca el otorgamiento de facultades de Fe Pública en actos administrativos.
9. Reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, alineadas a las reformas que dieron lugar al Sistema Nacional Anticorrupción y al nuevo Sistema de Órganos Internos de Control en los organismos autónomos. Incrementa a 12 años la duración en el cargo de la persona titular, así como a siete años en los órganos de control interno.
10. Reforma a la Ley del Notariado, reforzando acciones contra el lavado de dinero; busca mayor colaboración de las Notarías con el Grupo de Acción Financiera (Gafi) y la Unidad de Inteligencia Financiera en operaciones sospechosas y vulnerables, considerando el crucial papel de las Notarías en la autenticación de actos y transacciones. También busca exentar del pago de arancel a entidades públicas.
La próxima Legislatura apenas tendrá tiempo de instalarse para proceder al análisis de dichas iniciativas, las cuales bien podrían merecer el método de Parlamento Abierto, ya que hasta el momento fueron elaboradas desde diversos escritorios de dependencias del Ejecutivo.
Sin embargo, podrían enriquecerse tomando el parecer de la ciudadanía y grupos sociales especializados como colegios de profesionistas, cámaras empresariales, asociaciones civiles, organizaciones ciudadanas, como marcan los principios de la cjuarta transformación. Bueno, si es que la próxima Legislatura atenderá dichos principios, o solo fue un discurso de campaña.